La ‘Vía Tarragona’ para que sea la Generalitat la que pague por la basura no tiene jurisprudencia

La Vía Tarragona para resolver las posibles reclamaciones económicas por el contrato de la basura puede ser un salto al vacío: no hay jurisprudencia que avale la idea del secretario general del Ayuntamiento para que sea la Generalitat de Catalunya la que pague en el futuro las futuras indemnizaciones que puedan exigir las empresas licitadoras.

Según el más alto funcionario municipal, el riesgo que sufriría el consistorio –si al final el Tribunal Supremo diera la razón a la vencedora excluida del proceso, GBI Paprec– sería «de un máximo de tres millones de euros dentro de siete o nueve años», en base al pago del 1,5% de beneficio industrial estipulado en la oferta de la empresa francesa.

Con siete recursos todavía abiertos por resolver, la hoja de ruta de los servicios jurídicos municipales es la de adjudicar el contrato de la basura a Urbaser «en julio», si el Tribunal Català de Contractes rechaza las últimas alegaciones de FCC y GBI Paprec. A partir de aquí, el plan es evitar un futuro pago para derivar las posibles indemnizaciones a la Generalitat. «¿Cuál es la administración que habría generado el daño? El Ayuntamiento no. Sería la resolución del tribunal administrativo, que depende de la Generalitat. La responsabilidad patrimonial sería suya, no del consistorio», afirmó este lunes el secretario Joan Anton Font en una inédita rueda de prensa.

«Es difícil que el tribunal cambie»

Expertos de máximo nivel consultados por el Diari reconocen «no tener constancia» de que haya antecedentes que avalen la vía propuesta por el secretario tarraconense. «No conozco ningún caso, y lo veo muy difícil en el contexto en el que habla el secretario», indica un especialista con alto cargo en la administración pública, quien cree que «si esto fuera posible, el Estado debería asumir las reclamaciones de los juzgados».

Además del fondo de la cuestión, que sería «inédito», la forma tampoco sería fácil. «Primero deberá presentarse una reclamación previa administrativa y, cuando fuera rechazada, debería apostarse por un recurso contencioso–administrativo en los tribunales de justicia», se especifica

Otro experto con años en la gestión pública reitera que, al contrario de lo que predican los servicios jurídicos municipales, «la vía administrativa del caso está abierta». «Es cierto que la resolución del año pasado del tribunal fue muy rigurosa excluyendo a Paprec, seguramente fue excesivo, pero esta es firme y dice expresamente que todas las empresas incumplen. Y es muy difícil que ahora cambie su posicionamiento».

Otro letrado con dilatada trayectoria recalca que la única vía posible para que el Ayuntamiento pasara el pago a la Generalitat sería que «se acreditara que se ha producido alguna disfunción durante el proceso por parte del Tribunal de Contractes». Existe un caso parecido al de Tarragona en el Ayuntamiento de Bilbao que acabó con el pago de la indemnización por parte del gobierno del País Vasco, «pero es un caso no homologable con el de aquí, ya que allí se demostró que hubo diligencias indebidas al tardar mucho en resolver. Aquí no hay ninguna irregularidad», resalta el experto, quien detalla sus dudas sobre «adjudicar a una empresa que se sabe por escrito que incumple el pliego».

Solo Junts está con el PSC

Ayer, en la junta de portavoces, fuentes consultadas afirman que el propio secretario general reconoció que la opción de que pague la Generalitat «no tiene jurisprudencia» que lo avale. «De hecho, se ha dejado claro que sería el Ayuntamiento quien debería hacer frente a los gastos», indica Xavier Puig (ERC). Esquerra, junto con el PP y ECP, discrepa del plan municipal para desbloquear el contrato de la basura.

«Hay un riesgo económico elevado para las arcas municipales. Exigimos más rigor y responsabilidad al alcalde Viñuales. Lamentamos que en su momento no se pidiera una aclaración para ejecutar la resolución del tribunal administrativa», añade el concejal republicano.

Sobre las declaraciones de Esquerra, la portavoz del gobierno municipal, Sandra Ramos, critica que «ERC solo busca el rédito político en un tema complejo, en el que el Ayuntamiento está siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales». A juicio de la edil socialista, «es triste ver cómo quien ha tenido responsabilidades de gobierno ahora busque generar confusión en vez de remar a favor de los intereses de la ciudad».

También se muestra muy crítica Maria Mercè Martorell (PP). «Todo el proceso se ha hecho de forma precipitada y con poca previsión. Ahora el consistorio no controla la situación», lamenta la concejal de la formación conservadora, quien añade: «El secretario general es el máximo representante de la legalidad del Ayuntamiento. Y dijo que adjudicar el contrato era la única vía».

Jordi Collado (ECP) también dispara contra el ejecutivo de Rubén Viñuales (PSC). «La suspensión del contrato solo hace que alargar una situación que, a nuestro juicio, nos llevará a volver a empezar. Estamos perdiendo tiempo mientras la ciudadanía y los trabajadores están sufriendo las consecuencias: unos con la ciudad sucia y los otros con el convenio caducado», sostiene.

Junts es la única formación que avala el horizonte del PSC. «Se está haciendo mucha demagogia política, y la hacen aquellos que, de alguna manera, ya les gusta el arma arrojadiza de la ciudad sucia», indica el portavoz juntaire, Jordi Sendra, quien critica a ERC y ECP que «cuanto más se tarde en limpiar, a ellos ya les va bien, pero a los ciudadanos de Tarragona no».

Polémica entre FCC y Font

Por otra parte, la empresa FCC contestó ayer las críticas del secretario general de que la compañía quiere «asustar» al consistorio, amenazando con la vía penal por la adjudicación a Urbaser. «FCC siempre ha actuado en el marco legal y con total transparencia. Por tanto, lamentamos estas declaraciones. Nuestro recurso solo tiene como objetivo garantizar que el proceso de adjudicación se realice de forma justa y conforme a la legalidad vigente», indica el delegado de la compañía en Tarragona, Miquel Àngel Quero.

«Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de que nuestras actuaciones sean el resultado de una táctica intimidatoria», añade el representante de la firma, quien recuerda que «hasta el momento no se había cuestionado ninguno de los recursos presentados por las empresas anteriores. No entendemos por qué ahora se actúa de una forma distinta».