Más control y exigencia con las empresas del contrato de la limpieza y la basura
«Solvencia y supervisión». El pliego de cláusulas prevé inspecciones «antes, durante y después» de los trabajos y que las compañías tengan experiencia en ciudades medianas y grandes. El interventor cuestiona algunas condiciones
Después de no sacar a concurso público su mayor contrato durante dos décadas –desde 2002–, ahora el Ayuntamiento de Tarragona quiere curarse en salud, reforzar la estructura y consolidar el control del servicio de la limpieza y la recogida de la basura desde mayo de 2023 hasta el año 2032. Todo ello, según se indica en el expediente de contratación que pasa mañana por el pleno municipal, para generar un ahorro de dos millones de euros anuales gracias al aumento previsto en la recogida selectiva, que en 2021 fue del 35% en la ciudad pero que el objetivo a medio plazo es que llegue hasta el 65%.
¿Cómo se doblará el porcentaje? Fundamentalmente con dos vías: primero, garantizando la «eficiencia del servicio con más control»; y, asimismo, apostando por empresas «solventes y con experiencia acreditada» en medianas y grandes ciudades en los últimos años.
Nuevos lotes para «supervisar»
Para reforzar el control, el consistorio pondrá en marcha dos nuevos servicios en el futuro contrato que no forman parte del actual. Así, los lotes 1,2 y 3 son de servicios que ya existen –recogida de la basura, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión de la Deixalleria–, mientras que los nuevos lotes 4 y 5 se centrarán en el «control de la ejecución del servicio y la calidad», así como «la plataforma inteligente de ciudad para la supervisión y certificación». En este sentido, el pliego de condiciones establece que «el pago a las empresas de los lotes 1,2 y 3 se realizará por servicios efectivamente prestados, con penalizaciones si el servicio no se presta según la planificación y la calidad prevista».
Para obtener los resultados de calidad marcados como objetivo, el pliego detalla que «se realizarán inspecciones antes, durante y después del servicio» para «valorar la efectividad», a la vez que se abre la puerta para «una brigada específica» para «resolver incidencias para evitar desvirtuar el servicio planificado». También habrá una comisión de seguimiento y exigencias de informes mensuales y trimestrales.
La adjudicataria, con experiencia
Control aparte, la voluntad de los técnicos municipales es la de firmar el nuevo contrato con una compañía «con solvencia técnica y profesional». Por ello, en las condiciones se marcan exigencias. Así, para el lote del servicio de recogida y limpieza viaria se pide «acreditar experiencia con tres contratos en municipios de más de 50.000 habitantes en los últimos diez años». Por lo que se refiere a la limpieza de playas, solares y terrenos (lote 2) se exigen tres contratos en ciudades de más de 10.000 habitantes en la última década», mientras que en el lote 3 (gestión de la Deixalleria Municipal) debe acreditarse «ser un centro especial de trabajo de iniciativa social de personas con discapacidad intelectual y tener experiencia, como mínimo, en un contrato de gestión de Deixalleria Municipal en municipios de más de 20.000 habitantes en los últimos cinco años».
Sobre todas estas peticiones sine quan non, el interventor municipal realizó un informe favorable, pero con observaciones como que solicitar una excesiva experiencia «podría convertirse en un límite al principio de libertad de acceso a la licitación y a la no discriminación». Pese a ello, las observaciones iniciales se corrigieron, por lo que, desde este viernes, veinte años después, el Ayuntamiento volverá a iniciar el proceso para renovar su mayor contrato municipal, que asciende a más de 23 millones de euros: un 12% del presupuesto de la Plaça de la Font. Casi nada...