PSC: «Los caprichos de ERC y CUP pueden salir muy caros»

Las cuatro reclamaciones patrimoniales presentadas por valor de 12,5 millones de euros contra el Ayuntamiento de Tarragona por parte de promotores de planes parciales del antiguo POUM vuelven a tensar la cuerda entre los dos principales partidos del Saló de Plens: ERC y PSC. Cuando ya solo faltan exactamente nueve meses para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, los socialistas denuncian que «los caprichos y la inseguridad jurídica generada por Esquerra y la CUP le puede salir muy cara a la ciudad», según indica la portavoz del PSC, Sandra Ramos, quien considera que «algunas de las demandas pueden tener base y comportar graves consecuencias para el Ayuntamiento». Los 12,5 millones significan un 7,5% de los 165 millones que maneja la corporación local en su presupuesto, ahora prorrogado.

Asimismo, hasta final de mandato el PSC no prevé que puedan concretarse acuerdos con ERC sobre la nueva planificación urbanística. «Es muy difícil. El proceso participativo es de risa, hasta la CUP criticó las comisiones políticas», añade Sandra Ramos, quien recuerda que la responsabilidad del POUM anulado «también es de ERC, ya que lo aprobó inicialmente y lo redactó».

«Dolor de cabeza para todos»

Esquerra, sin embargo, se desmarca del anterior POUM aprobado en 2013 pero que fue anulado en noviembre de 2020 por el Tribunal Supremo. «Estas peticiones por parte de algunos particulares apuntan a la nulidad del plan realizado durante el anterior gobierno que, a criterio del tribunal, no estaba hecho correctamente», indica el portavoz de ERC, Xavier Puig, quien recalca que «esto no significa, en absoluto, que todo lo que reclaman estos particulares deba ser satisfecho. Esto habrá que estudiarlo», a la vez que opina que «sí que quiere decir que hay que hacer bien las cosas para no tener que sufrir anulaciones como esta del POUM, porque implica un dolor de cabeza para todos»

El representante de la formación que lidera el ejecutivo de la Plaça de la Font indica, por todo ello, que «nuestra tarea es precisamente ofrecer soluciones. Ante la anulación tramitamos en un tiempo récord las Normas Urbanístiques, que permiten que Tarragona continúe su desarrollo. Y el nuevo POUM debe hacerse bien, con la participación de todos y sin pérdidas de tiempo, a fin de no repetir los errores del pasado».

Dídac Nadal (JxTGN) afirma que «siempre hay reclamaciones patrimoniales cuando se anula un POUM», a la vez que prevé que su recorrido «puede ser diverso». Por su parte, Inés Solé (CUP) considera como «normales» las demandas «en estos casos», y enfatiza la necesidad de que el nuevo plan «escuche y tenga en cuenta la diversidad de nuestra ciudad».

Desde la oposición, Lorena de la Fuente (Cs) lamenta la «falta de voluntad política para negociar el esbozo del POUM de ERC», y teme que este mandato «no habrá aprobación». Finalmente, José Luis Martín (PP) afirma que la situación actual «es por la falta de modelo urbanístico de Ricomà y de su incapacidad para gobernar la ciudad».