Una empresa de Sabadell pide paralizar la licitación del contrato de la basura de Tarragona

La empresa con sede en Sabadell Smatsa –vinculada a los polémicos casos Mercurio y Pokemon– ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic para intentar paralizar la licitación del nuevo contrato de la basura de la ciudad de Tarragona, cuyas condiciones técnicas fueron aprobadas en el pleno municipal del pasado 28 de abril gracias al voto de calidad del alcalde, Pau Ricomà (ERC), y con un montante económico global de más de 233 millones de euros de cara a los diez próximos años.

Según ha podido saber el Diari, la firma sabadellense registró el pasado 8 de mayo su alegación ante el organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya. En su recurso, la firma de la provincia de Barcelona solicita al tribunal que «acuerde la medida cautelar de suspensión de la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva el presente recurso especial». De momento, el organismo autonómico todavía no ha dictaminado si acepta paralizar el concurso.

Se da el caso de que esta empresa, implicada en los casos de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de la basura de la cocapital del Vallès Occidental en 2012 y en Lugo, ya presentó alegaciones al Ayuntamiento de Tarragona en la primera fase de la definición del futuro contrato: la estructura de costes.

De hecho, la enmienda de esta compañía fue la única que se presentó, si bien fue rechazada de manera contundente por parte de los técnicos municipales, en un informe en el que los altos funcionarios tarraconenses pedían el voto de las formaciones políticas para denegar las peticiones de la empresa y seguir sacando adelante la tramitación para renovar la concesión. Por ello, la propuesta técnica contó con los votos a favor de Esquerra Republicana, Junts per Tarragona, CUP, PSC y los concejales no adscritos Sonia Orts, José Luis Calderón, así como la abstención del PP y la oposición de Ciutadans.

Igual que hiciera hace meses, ahora –por sorpresa– Smatsa recurre por cuestiones técnicas. De hecho, se da el caso de que el documento es prácticamente calcado al que en marzo fue denegado por los especialistas de la Plaça de la Font. En primer lugar, Smatsa pide una mayor claridad en la fecha de revisión de precios, indicando que «no se calcula a origen, sino solo respecto al año anterior a la revisión», por lo que «la suma de los coeficientes es superior a uno».

Asimismo, el segundo punto del recurso se refiere a solicitar más concreciones en la fórmula de actualización. «Las contradicciones e infracciones legales de la fórmula comportan que no pueda valorarse adecuadamente una oferta en condiciones de igualdad, lo que supone que debe rectificarse el pliego a fin de que la fórmula de revisión propuesta se ajuste a la Ley de Contractos del Sector Público».

Un tribunal conocido

Este recurso no es el primero que recibe el Ayuntamiento de Tarragona ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que ya ha paralizado temporalmente dos concursos públicos de la Plaça de la Font. El primero fue a finales del año 2021, a raíz del proceso de renovación de la tecnología de los siete aparcamientos municipales. El paso dado por una de las empresas licitantes paralizó durante 15 meses el proceso, hasta que se dictaminó levantar la suspensión el pasado mes de marzo.

Asimismo, el segundo episodio se dio en el concurso público para contratar un total de 35 buses de hidrógeno por un montante global de 38 millones de euros. Esta paralización sigue en vigor, por lo que el proceso sigue suspendido sine die.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobará este viernes tramitar la sanción económica de 250.000 euros contra la actual gestora del servicio de la basura y la limpieza viaria: FCC.

En un informe de los técnicos municipales con la Guàrdia Urbana se pone de relieve que un operario del servicio nocturno mezcló durante tres noches la fracción resta con los envases en la recogida del barrio del Serrallo. En sus alegaciones, la empresa reconoce los hechos y asegura que ya ha tomado medidas contra el encargado, solicitando una rebaja de la multa hasta los 1.200 euros.

La mayoría de formaciones avalará pasado mañana la propuesta de los altos funcionarios, que han rechazado rebajar la petición económica debido a la «reiteración» de problemáticos en un servicio cuyas condiciones están caducadas desde el pasado 28 de abril, que es cuando finalizó un contrato que se adjudicó en mayo de 2002. Hace casi tres semanas, pues, que la gestión la sigue llevando FCC en modalidad de «continuación».

Por todo ello, el pasado 28 de abril se aprobaron las condiciones técnicas para reactivar la licitación del mayor contrato municipal, que asciende a 21 millones de euros. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo 7 de junio.