El abogado general del TJUE avala gran parte de la amnistía

Dean Spielmann, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha defendido que la amnistía por los gastos del procés y el caso de los CDR respeta el derecho de la UE, aunque ha planteado algunas objeciones de procedimiento al considerar que ciertas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann ha señalado que la norma no afecta a los intereses financieros de la UE, ya que no existe “un vínculo directo”. Sin embargo, considera insuficientes los plazos que la ley impone al Tribunal de Cuentas para resolver sobre la aplicación de la amnistía y critica que se impida la comparecencia de algunas partes. Respecto al caso de los CDR, ve compatible la ley con las normas antiterroristas europeas.

La opinión de Spielmann no es vinculante para el TJUE, que dictará sentencia más adelante.

Líderes y activistas independentistas están pendientes de la decisión del tribunal con sede en Luxemburgo, de la que depende su posible acceso a la amnistía, junto con la resolución del Tribunal Constitucional en España.

Los dos casos en Luxemburgo

La ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. Su objetivo declarado es la “normalización institucional, política y social” en Catalunya, y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el procés. Pactada con los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Sánchez, la norma ha generado gran polémica.

Además de las denuncias del PP y Vox, varios tribunales han cuestionado su validez. El Tribunal Supremo se ha negado a aplicarla en los casos de malversación que afectan a dirigentes como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, planteando una cuestión de inconstitucionalidad por posible “trato discriminatorio” según la ideología, que el Tribunal Constitucional ya ha rechazado.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han planteado dudas al TJUE sobre su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.

Actualmente, el TJUE examina las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional relativas a la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del procés y a los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

En cambio, las cuestiones planteadas por el TSJC se centran en si la amnistía por malversación puede afectar los intereses financieros de la UE, un asunto que aún está pendiente de examen en Luxemburgo.