El primer año de Trump se salda con un ataque “sin precedentes” a los migrantes en Estados Unidos

El primer año del presidente Donald Trump ha estado marcado por un ataque “sin precedentes” contra los migrantes en Estados Unidos, caracterizado por una política de mano dura que ha combinado un elevado número de deportaciones, detenciones récord, tácticas cada vez más agresivas, restricciones a la migración legal y un uso intensivo de la acción ejecutiva. Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten de que las consecuencias humanitarias y económicas de estas medidas se prolongarán durante años.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, desde el inicio del actual mandato fueron deportadas 622.000 personas, una cifra elevada aunque inferior a las 778.000 repatriaciones registradas en el último año fiscal completo del Gobierno de Joe Biden y lejos de la promesa republicana de alcanzar un millón de deportaciones anuales.

Para aumentar las expulsiones, la Administración recurrió a medidas duramente criticadas y cuestionadas en los tribunales, como la deportación de migrantes a terceros países. Durante el primer año, cientos de personas fueron enviadas a al menos 14 Estados distintos a los de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur.

Las detenciones, en cambio, sí alcanzaron máximos históricos. De media, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. El American Immigration Council denunció que el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas, la mayoría sin antecedentes penales, en un sistema que dificulta de forma extrema la defensa legal y el acceso a la libertad.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional han calificado de “inhumanas” las condiciones en los centros de detención, con denuncias de hacinamiento y abusos físicos y psicológicos. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.

En paralelo, el número de agentes de ICE se duplicó, de unos 10.000 a 22.000, con despliegues en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago o Mineapolis. ONG y medios especializados han denunciado tácticas violentas y de confrontación directa, incluidos disparos en redadas y el uso de pasamontañas y vehículos sin identificar. Además, más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por error, según ProPublica.

El énfasis en las detenciones alcanzó también a cortes de inmigración y oficinas de USCIS, donde fueron arrestadas personas que acudían a trámites legales, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de naturalización. A ello se sumó la ofensiva contra programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de 11 países y la eliminación del parole humanitario, lo que dejó a más de un millón de personas en riesgo de deportación.

En la frontera, la supresión de la posibilidad de solicitar asilo provocó un desplome de los cruces irregulares hasta niveles no vistos en medio siglo, con una media de 9.700 cruces mensuales. Las restricciones se extendieron también a la migración legal, con la suspensión de visados a 75 países, la paralización del programa de refugiados y el fin de la lotería de diversidad y de varios mecanismos de reunificación familiar.

El Migration Policy Institute (MPI) subraya el uso intensivo de órdenes ejecutivas: hasta el 7 de enero, Trump firmó 38 relacionadas con inmigración, cerca del 17 % del total de su primer año, y su Administración adoptó más de 500 acciones en esta materia. El centro concluye que se trata de cambios radicales, sin precedentes por su alcance, que han convertido a EE.UU. en un país “más hostil” para migrantes de todos los estatus legales.