El juzgado de Falset ha abierto diligencias previas para investigar la gestión que la compañía eléctrica Endesa hace de los embalses del tramo final del Ebre. El procedimiento, en el cual la compañía eléctrica figura de momento como única investigada por un supuesto delito contra el medio ambiente, arranca tras la denuncia de la sociación Sediments ante Fiscalía Provincial de Medi Ambient. Basándose en estudios técnicos, la entidad reprocha que casi la totalidad de las aportaciones sólidas que transporta el caudal fluvial y que tendrían que garantizar la preservación del Delta de l’Ebre son retenidas por una gestión inadecuada de las presas de Mequinensa, Riba-roja d’Ebre y Flix.
La titular del juzgado número 1 de Falset ordenó la apertura de las diligencias judiciales se a instancia de Fiscalía el 19 de diciembre pasado. En estos momentos, el procedimiento se encuentra en fase de toma de declaraciones de los responsables de la compañía investigada y de los testigos. Hace justamente dos semanas, la asociación había pedido formalmente al Ministerio Público el impulso procesal del caso ante la carencia de noticias sobre el estado del procedimiento desde la presentación de la denuncia en julio del año pasado.
Entre los principales argumentos de cargo que Sediments trasladó ante el Ministerio Público destaca la inexistencia de sistemas y protocolos de transferencia de sedimentos fluviales a través de las presas de Mequinensa, Riba-roja d’Ebre y Flix. Esto, remarcan, ha supuesto que entre el 96% y el 99% de las aportaciones sólidas, esenciales para alimentar y preservar el Delta de l’Ebre, hayan quedado retenidas a los pantanos desde el momento que se construyeron las presas, en la década de los 60 del siglo XX.
Más allá de la responsabilidad de la gestión hidroeléctrica en la caída de los sedimentos fluviales del tramo final del río, creen que hay que investigar también el papel de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), como organismo estatal regulador de la cuenca. “Valoramos positivamente la apertura de diligencias porque creemos que es muy importante investigar a Endesa y CHE. Hay que fiscalizar esta empresa y estas instituciones porque, de momento, no tenemos ninguna prueba que funcionen adecuadamente las presas y esto pone en peligro el ecosistema y la población aguas abajo”, ha subrayado el presidente de Sediments, Josep Juan.
Los Mossos investigan
La entidad pide a la jueza que practique las diligencias oportunas, citando a declarar a los responsables de la empresa investigada pero también de la misma CHE así como expertos independientes. Por su parte, Fiscalía ha encargado la investigación a los Mossos d’Esquadra. Fuentes del ministerio público han explicado que ya han requerido a CHE los informes sobre la gestión de las compuertas de fondos de las presas y han anunciado su intención de pedir que la investigación se amplíe en las otras provincias que formen parte de la cuenca del Ebre.
Según Sediments, los resultados de batimetrías que constan en documentos estatales permite constatar la magnitud de esta retención y su relación causa-efecto, generando un impacto ambiental sobre el desarrollo del Delta. Confían que las diligencias previas abiertas culminen con la apertura de juicio “con todas las garantías” y una condena por “delito ambiental grave” así como “las responsabilidades civiles oportunas”.
“No hay un futuro imaginable sin río ni aportación de sedimentos. Se han formado diferentes deltas del Ebre a lo largo de la historia en función de las subidas y bajadas del nivel del mar, pero ahora nos encontramos en un escenario de subida mucho más pronunciado que los históricamente anteriores. Sin aportación de agua y sedimentos el Delta de l’Ebre no se puede mantener porque se está hundiendo y está en regresión. A veces parece como si esto solo se da cuando hay temporales. Pero esto no es así”, ha sentenciado Juan.
Consideran, además, que la actual explotación hidroeléctrica del tramo final del río no respeta las exigencias legales de seguridad en lo referente a la gestión de los desagües de fondos de las presas. Denuncian que estas compuertas no se habrían utilizado nunca de forma efectiva y que podrían estar actualmente obstruidas, impidiendo la posibilidad de poder efectuar vaciados de los embalses para descargarlos de sedimentos. Esto pondría también en riesgo la integridad de la misma infraestructura y la seguridad de los municipios aguas abajo de las presas. “Reclamamos justicia para el Delta de l’Ebre y su cuenca”, ha remachado.
“Seguimos las indicaciones de CHE”, dice Endesa
Fuentes de la compañía consultadas aseguran que la explotación de las centrales hidroeléctricas y las presas del tramo final del Ebre se hace de acuerdo con aquello que dispone el organismo público regulador. “Seguimos las indicaciones de CHE”, han apuntado, asegurando que las tres centrales están “mantenidas y preparadas para cualquier operación que nos requieran”. Sin entrar al fondo de la investigación judicial, las mismas fuentes de Endesa han mostrado su predisposición a la “máxima colaboración con la justicia” y a actuar con “transparencia” durante el procedimiento.
No es el único procedimiento judicial abierto en relación con la gestión de los embalses al tramo final del río Ebre. De hecho, el octubre pasado Sediments presentó, junto con ocho entidades más, una querella criminal contra la misma Endesa y CHE por un supuesto delito contra la seguridad colectiva riesgo catastrófico en la gestión del embalse de Riba-roja. Ratificada ante el juzgado de Amposta a finales de febrero, los querellantes apuntan que la empresa gestora de la presa desconoce realmente si los desagües de fondos se encuentran operativos y, por lo tanto, no se podría hacer circular agua en caso de emergencia. Esto, alertan, estaría comprometiendo la seguridad de los miles de habitantes, de los municipios y los usuarios de aguas abajo del pantano.
Sediments y otras entidades han instado el gobierno español a hacer efectiva la extinción de la concesión del embalse de Flix (Ribera d’Ebre). Recuerdan que cumplía los 75 años el año pasado y que, según la legislación y la jurisprudencia, el periodo no se puede ampliar. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y la compañía defienden que la vigencia es de 99 años y, por lo tanto, no se extinguiría hasta 2047.
También solicitaron formalmente al mismo ministerio que reclame a Endesa el 25% de la energía reservada que generen las centrales hidroeléctricas del tramo final del Ebre para invertirlo, principalmente, en la preservación del Delta.
