Fin de las moratorias adoptadas con el estallido de la pandemia, entrada en vigor de la nueva Ley Concursal y, por supuesto, un más que complejo entorno económico por el alza de costes derivado de la crisis energética.
Los concursos de acreedores se dispararon el pasado año más de un 46% respecto al anterior, un porcentaje que confirma la tendencia al alza que esta figura viene experimentando de forma continuada desde 2016.
En concreto, un total de 27.632 empresas presentaron concurso el pasado ejercicio, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El organismo advierte, además, que se trata de cifras provisionales puesto que, debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de 10 juzgados y permanecen en revisión de errores los de otros 20 órganos judiciales.
La Comunidad Autónoma con un mayor número de concursos presentados fue Catalunya, con 7.976. Le siguieron Madrid, con 4.582; Andalucía, con 3.554; y la Comunidad Valenciana, con 3.270.
Si solo se tienen en cuenta las cifras de los últimos meses del año, el número de concursos presentados durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) fue de 9.297, lo que implica un fuerte incremento del 91,7% respecto al mismo trimestre de 2021. De esa cifra total, 1.746 correspondieron a personas jurídicas, con un aumento interanual del 37,9%.
Otros 1.166 a personas naturales empresarios, con una subida del 19%, mientras que otros 6.385 corresponden a personas naturales no empresarios (+145,2%). De los datos del organismo también se desprende un incremento del 3% en las demandas por despido presentadas en los juzgados, hasta contabilizar un total de 120.935.
Desahucios
Frente al incremento de los concursos, el pasado ejercicio experimentó un notable frenazo en los procesos de desahucios. En concreto, el número de lanzamientos practicados fue de 38.266, un 7,5% menos que el año anterior. Hay que tener en cuenta que las cifras del CGPJ afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas.
Antes de acometer los alzamientos, estos procesos pasan por las denominadas ejecuciones hipotecarias que son los procedimientos por los que, primero, se exige el pago de las deudas al acreedor -cuando existen impagos de entre tres y seis cuotas- y, una vez que se formaliza, se procede al desahucio.
Como viene siendo habitual, los desahucios por impago del alquiler siguen siendo los más numerosos. En concreto, siete de cada diez lanzamientos, unos 27.533, fueron consecuencias de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
La cifra, un 5% inferior a la de 2021, compara con los 8.509 (22,2%) derivados de ejecuciones hipotecarias (por impago del préstamo), que también descendieron un 15,8%. Hay que recordar que el Gobierno extendió hasta finales de año la prohibición de 'echar' a las familias vulnerables de sus viviendas si no podían asumir el pago de su hipoteca o del alquiler. Pero aún existen procedimientos que siguen curso en los juzgados, previos a esa medida de apoyo.
