Crecen las empresas que retiran amianto en la ciudad y, por ende, en la comarca. Es algo que, aunque se viene observando ya a nivel global, es destacado también en el ámbito local. Así lo apunta el presidente del Gremi de la Construcció de Reus i Baix Camp, Antoni Sentís: «Nosotros contamos en el gremio con alrededor de cuatro empresas, que sepamos, especializadas en la retirada de amianto, suponemos que esto irá a más».
La eliminación de este componente es una cuestión a solucionar, «desde hace ya tiempo, en los últimos años han aparecido muchas empresas homologadas que lo eliminan; realmente, se trata de un verdadero nicho de mercado», precisa Sentís. Como en todas partes, expresa el representante del sector de la construcción, el componente se «suele concentrar, especialmente, en edificios del casco antiguo, y en Reus, al albergar edificios envejecidos, y muchos aún por rehabilitar, lo más seguro es que quede aún mucho producto por retirar, especialmente en el caso de canalizaciones viejas y soterradas».
Habitualmente, «intervenir un edificio con amianto, aunque sea por una pieza pequeña, supone una inversión a tener en cuenta, porque se tiene que crear una infraestructura específica para su supresión y los montajes de esta hacen subir la factura de la actuación en sí».
Sentís destaca las cubiertas de naves industriales antiguas, por otro lado, como la parte de la construcción más visible en el asunto que nos ocupa. Y es que, «antes, este componente se utilizaba mucho para construir, claro». Se trataba de un material abundante, muy utilizado entre los años 50 y 90, y que era barato, además de aislante e ignífugo. Más adelante, aun así, trascendió su peligrosidad al conocerse que si el componente se alteraba de algún modo, liberaba microfibras que podían provocar serias enfermedades.
Desde 2002 está prohibido fabricar, utilizar y comercializar amianto y se calcula, a grandes rasgos, que en 2030 más del 85% de estos materiales habrán superado su vida útil. Sentís expresa que, a nivel particular, «cada vez hay más gente informada y concienciada de lo perjudicial que es el material si se manipula de forma indebida». Las ayudas de la Generalitat, comenta, divididas en dos líneas –una centrada en el sector productivo y otra dirigida a particulares– «también están contribuyendo a su eliminación y a dar visibilidad al problema de su existencia». Dicho esto, «también habrá gente que no sepa que su vivienda tiene amianto; este componente no es peligroso si no se manipula, pero lo que sí es cierto es que la aparición de subvenciones» –insiste– «estimula en parte su eliminación, al menos agiliza su retirada».
Un trámite más
Por su parte, al frente del gabinete técnico del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), Josep Anguera, afirma que amianto «hay en todos lados» y la retirada se agiliza «puesto que la ley obliga a que se retire este componente; y, por ello, cada vez hay un listado más grande de empresas especializadas y con licencia para retirar». Preguntado sobre si a los profesionales del COAATT les afecta la propia retirada de amianto, responde que «lo hace, puesto que es un trámite más y hay que tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer un proyecto, saber si un edificio tiene o no amianto es algo fundamental». «Se suele encontrar amianto sobre todo en las cubiertas y canalizaciones, otras veces lo problemático es que no estén a la vista; por supuesto, nos llega alguna que otra consulta al colegio sobre si un componente es amianto o no, y muchas de ellas son útiles para que les orientemos respecto a la retirada obligatoria».
Por otro lado y desde la Cambra de Comerç de Reus, a raíz de la formalización del acuerdo territorial ‘Erradiquem l’amiant de les nostres empreses’ (hara algo más de un mes), el ente cameral se comprometió a brindar a entidades, empresas y particulares los medios técnicos necesarios para aquellos que qusieran acogerse a las subvenciones, dándoles información previa y revisando si cumplen con los requisitos que rezan las bases. Pasado, pues, un tiempo, el gerente de la Cambra, Jaume Llosas, expresa que «ha habido hasta 28 empresas asesoradas desde entonces y que de estas, siete han podido tramitar la ayuda; el resto están en cola y la Agència de Residus de Catalunya se plantea aumentar el plazo de las ayudas».
Llosas recuerda que la convocatoria tenía un régimen de concurrencia competitiva, al haber varios solicitantes, con lo que se puntuaba en mayor o menor medida según sector y superficie. Respecto al tipo de empresas que han solicitado ayuda de la Cambra para afrontar la solicitud de la subvención, «ha habido una variedad de consultas entre ellas, empresas venidas de la Llotja de Reus, que llevamos también desde la corporación, también afincadas en polígonos industriales».
El gerente de la Cambra recuerda que, en el encuentro producido en la entidad (en el que se abordó la retirada del amianto) «también estuvo representado el Banc Sabadell, desde el que anunciaron una reserva de crédito de unos 10 millones de euros para la gente que quisiera avanzar en las tramitaciones de las ayudas». En el mismo acto y como se apuntaba anteriormente, el director de la Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, expuso que retirar amianto supone «una oportunidad de negocio y ya hay gente formándose».
