El monumental colapso de la AP-7 tras el accidente de Gelida, sumado a los reiterados cortes ferroviarios de las últimas semanas, no es un infortunio aislado ni una concatenación de casualidades técnicas. Es la consecuencia directa de décadas de desinversión, abandono y una gestión irresponsable de las infraestructuras clave en Catalunya. Y ante la colosal factura económica y social que estos episodios están generando, la pregunta es inevitable: ¿Quién debe pagarla? La respuesta es clara. No deben pagarla los ciudadanos catalanes. No debe salir, una vez más, de nuestros bolsillos. Debe asumirla quien ha sido responsable directo del deterioro del sistema: el Estado, y muy especialmente ADIF. Los datos son conocidos y reiterados por múltiples organismos y estudios. Desde hace más de veinte años, el Estado ejecuta sistemáticamente menos de la mitad de las inversiones presupuestadas en infraestructuras ferroviarias en Catalunya. Presupuestos que se anuncian con solemnidad, se aprueban en Madrid y después se incumplen sin consecuencias. Año tras año. Gobierno tras gobierno. El resultado es una red ferroviaria obsoleta, saturada y extremadamente vulnerable ante cualquier incidencia. Este abandono no es neutro ni casual. Responde a prioridades políticas que durante años han favorecido grandes proyectos radiales mientras se dejaba languidecer una de las regiones económicamente más dinámicas del Estado. Por eso resulta inadmisible que ahora se pretenda socializar el coste del desastre. Y aquí entra en juego una segunda responsabilidad ineludible: la del Govern de la Generalitat. Esta vez no bastan las quejas ni las declaraciones de indignación. El Govern tiene el deber político y moral de exigir formalmente que todos los costes derivados de estos colapsos —desde las reparaciones urgentes hasta las medidas de contingencia y las inversiones estructurales necesarias— sean asumidos por el Estado y por ADIF. No como un favor, sino como una obligación por incumplimiento reiterado. Aceptar que estos costes recaigan directa o indirectamente sobre Catalunya sería legitimar décadas de desinversión. Sería premiar la negligencia.