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Más control público en los servicios esenciales

26 mayo 2025 20:07 | Actualizado a 27 mayo 2025 11:00
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La situación que vive la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en Catalunya debería encender todas las alarmas. Lo que está en juego no es solo una mala gestión, sino algo mucho más grave: la protección de menores bajo tutela de la administración. Los recientes casos de abusos, negligencias y falta de control revelan un sistema que hace aguas y que pone en entredicho la eficacia de ciertos modelos de externalización de servicios públicos esenciales.

En demasiadas ocasiones, las administraciones optan por subcontratar servicios como fórmula para ganar agilidad, ahorrar costes o sortear rigideces burocráticas. Pero externalizar nunca debe significar abdicar de la responsabilidad. Y menos aún cuando hablamos de infancia, de servicios sociales o de colectivos vulnerables.

El caso de la DGAIA no es un hecho aislado. También en otros ámbitos como la atención domiciliaria o la gestión de centros de día se observan dinámicas preocupantes: contratos a entidades con pocos medios, falta de seguimiento por parte de la administración y una preocupante sensación de que lo importante es sacar adelante el expediente, más que garantizar el servicio. Cuando lo público se gestiona con lógicas de mercado sin controles adecuados, el resultado puede ser dramático. Esto vale también para la obra pública, donde los retrasos, los sobrecostes o la cadena de subcontrataciones diluyen la responsabilidad y minan la confianza ciudadana. Subcontratar no puede ser una excusa para mirar hacia otro lado.

La solución no pasa por demonizar a las entidades del tercer sector ni a las empresas, muchas de las cuales hacen una labor imprescindible y encomiable. Pero sí por reforzar la capacidad de gestión y control de las administraciones. Lo esencial no puede quedar en manos ajenas sin una supervisión estricta y constante. Hay ámbitos que, por su naturaleza, deben tener un sello público indeleble. Porque cuando lo público falla, lo que está en juego no es un expediente administrativo, sino la vida y los derechos de las personas. Y eso, como estamos viendo, tiene consecuencias muy reales.

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