¡Qué verde era mi valle!

Europa ha establecido un marco regulatorio para el sector eléctrico europeo hasta 2030 basado en mercados transfronterizos de energía marginalistas.

Cada día centenares de operadores negocian en Europa la energía. Por un lado, las centrales que ofertan  megavatios (MW) y, por otra, los agentes que estiman la demanda. La energía eléctrica no se puede almacenar, no existe tecnología para ello. En consecuencia, el precio se rige por la oferta y la demanda del día siguiente, y se fija mediante subasta.

El precio de la luz se determina según el símil de una piscina (“el pool energético”), a la que se lanzan los MW.  Las primeras son las centrales nucleares, a un precio económico e incluso puede ser a coste cero; les sigue la energía hidráulica y las renovables; finalmente las tecnologías más caras: los ciclos combinados de gas o carbón. El marco regulatorio para el sector eléctrico europeo establece que los precios del último operador en lanzar MW al “pool” son los que determinan el precio final de mercado para el día siguiente, que se denomina precio marginalista. Este precio marginal, es también la retribución que reciben las centrales por la electricidad que producen y se paga por igual a todas las plantas con independencia de sus costes de producción.  

¿Y por qué la energía generada por los ciclos combinados de gas o carbón son más caros? Por la propia tecnología de generación y porque, al utilizar gas natural y/o carbón como combustibles, han de comprar los derechos de las emisiones  que producen en su funcionamiento.

 El precio de los derechos de emisión de CO2 se determina mediante subasta, en aplicación de la Directiva 2003/87/CE y 2009/29/CE. Este sistema da  lugar a los denominados «beneficios caídos del cielo», que  son las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no han de pagar derechos de CO2, por no generarlos (nucleares, hidráulicas, eólica, foltovoltaica, etc).

Este complejo sistema se enmarca dentro del Plan de la UE para la transición ecológica y, a nivel estatal, en la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación 2021-2030, cuyos  principales objetivos son la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, mediante una exigente reducción de las emisiones de CO2, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales.

Por otra parte, la producción de energía está sujeta a diferentes impuestos: el Impuesto que grava el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Y, además, el IVA por su consumo.

El IVPEE grava las actividades de producción e incorporación de energía al sistema eléctrico. El  IEE grava el suministro de electricidad a personas o entidades que la adquieren para su  consumo. Se entiende por suministro la entrega de electricidad y la prestación del servicio de peajes de acceso.

El gobierno de España ha tomado medidas para paliar el alza del precio de la electricidad mediante  la rebaja de impuestos y del bono social. Medidas que son “pan para hoy y hambre para mañana”, pues disminuyen los ingresos del estado, aumenta la deuda pública y se traslada el coste social a toda la población, vía impuestos.

España pertenece al grupo de países reformistas que piden “desacoplar” el precio del gas del de la electricidad, a través del sistema marginalista. ¡Veremos si Bruselas está por la labor!.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha provocado la subida del precio del gas y del petróleo. El suministro de gas al norte de Europa se ejecuta  principalmente por los gasoductos Stream 1 y Stream 2, que pasan por el mar Negro y por el mar Baltico. Este último inoperativo por decisión de Alemania. El suministro de gas al sur de Europa es a través de los gaseoductos de Argelia a España:  Medgaz y Magreb-Europa. Este último, que pasa por Maruecos y, sin actividad desde el 1 de noviembre después de que el Gobierno argelino lo cerrase como represalia por las “tácticas hostiles” de Rabat.

En este contexto geopolítico, España sufre sus propias tensiones con el país vecino, Marruecos, que presiona con masivos e intermitentes asaltos de jóvenes a las vallas de Ceuta y Melilla. Recordemos que aún no hay  embajador marroquí desde la acogida al líder del Polisario, Brahim Gali, por razones  sanitarias.

Estos días Europa se acuerda de España para reiniciar las obras del gaseoducto del  Midcat, que conectaría España con Francia. Lo lógico es que su coste corriera por cuenta de la UE y que España pueda sacar algún beneficio económico en la operación.

La realidad es que el precio del gas y el petróleo sube y  subirá más, consecuencia de las derivas geopolíticas de una transición ecológica acelerada, en la que hay un sector activista que no ve más allá.

La polémica sobre la consideración de la energía nuclear y el gas, como energías verdes, ha llegado a la UE, que considera que la inversión privada en actividades de este tipo pueden desempeñar un papel importante en esta transición. Las actividades de gas y energía nuclear pueden ser acordes con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y nos permitirían abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, en favor de un futuro climáticamente neutro y basado en fuentes renovables.

Hablando con rigor, la energía nuclear es verde, aunque pueda no ser sostenible por los residuos que genera. Y es hipócrita oponerse a ella cuando se importar de otros países, como Francia. No olvidemos que la energía eólica genera contaminación visual y hay alguna comunidad autónoma, como Cantabria, que se opone a este tipo de inversión. Incluso hay oposición a la energía fotovoltaica, por competir con terrenos que podrían utilizarse para cultivos. No obstante, a pesar de su notable incremento, estas dos energías serán del todo insuficientes en el periodo de transición.

El empeño en intentar acelerar la transición con inversiones en energías solo verdes puede llevar la energía a precios exorbitados, pues es muy difícil ajustar el ritmo de la transición a los objetivos de las grandes cumbres del clima o las propuestas que no tengan en cuenta los factores políticos ni sociales.

Un factor más a tener en cuenta son los avances tecnológicos en otras energías, como la nuclear y/o los sistemas de captura de CO2, que tan claramente nos explicó  Anton Valero en una de las tertulias que organiza el notario Martín Garrido.

Por último, es importante el  apoyo que  vaya a dar la población a las políticas de transición energéticas, que dependerá en gran parte del precio que tengamos que pagar por ellas. Todos somos ecológicos hasta que nos tocan el bolsillo. Y si no, recordemos la crisis política producida por el movimiento de los “chalecos amarillos” en Francia, precisamente,  por el aumento del precio de los combustibles.

La transición ecológica será mucho más costosa de lo previsto y si no se gestiona con inteligencia y huyendo de posturas radicales, puede ser el caldo de cultivo del populismo. Espero que no tengamos que elegir entre transición ecológica y democracia.