Visto para sentencia el juicio contra 5 hombres por un tiroteo entre dos clanes rivales en Reus

El juicio contra cinco hombres de dos grupos rivales que supuestamente se intercambiaron disparos en Reus en enero de 2024 ha quedado visto para sentencia. Las sesiones celebradas en la Audiencia de Tarragona finalizaron este viernes con los informes finales.

La fiscalía ha mantenido la petición de penas de entre 20 y 32 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas de fuego con tenencia de armas prohibidas, así como depósito de armas.

Por su parte, las diversas defensas han solicitado la absolución de todos los acusados, principalmente porque consideran que la participación de los hombres en los hechos no ha quedado demostrada durante el juicio.

No obstante, los acusados seguirán en prisión provisional hasta que se dicte sentencia.

El fiscal ha iniciado su relato intentando demostrar que las dos personas que supuestamente asaltaron a tiros el edificio donde vivían los hermanos de etnia gitana están claramente identificadas. Ha citado las declaraciones de la madre y la hermana pequeña de los hermanos, que según él son “testigos sólidos y creíbles”, porque las descripciones de la posición y la vestimenta de los dos hombres coinciden con las que realizaron otros testigos sin relación con los hechos. El hecho de que desde el balcón donde se recibieron los disparos se gritara por el apodo a los asaltantes, para el fiscal, indica que se conocían previamente: “Tenía que haber un conflicto muy grave para ir a las 9:30 de la mañana con metralletas y armas a disparar contra una fachada”, ha expuesto.

La fiscalía ha mantenido su petición de ocho años de prisión para cada uno de los tres hermanos por un delito de homicidio en grado de tentativa (por cada uno de los dos asaltantes) y cuatro años de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas de fuego reglamentadas con un delito de tenencia de armas prohibidas/modificadas y depósito de armas de fuego reglamentadas, lo que suma un total de 20 años de prisión. Paralelamente, para los otros dos acusados, solicita ocho años de prisión por tres delitos de homicidio en grado de tentativa y ocho años más por el delito de depósito de armas de guerra.

No identificados

Por su parte, todas las defensas han seguido una estrategia similar: demostrar que no está acreditado que los acusados estuvieran en el lugar de los hechos o que participaran en el tiroteo. Primero intervinieron los abogados de los presuntos asaltantes. El primero de ellos cuestionó la credibilidad de los testigos, madre y hermana de la familia que vivía en el edificio de Mas Pellicer donde se produjo el tiroteo. “La madre rectificó en la identificación de otra persona que estuvo unos días en prisión. También podría haberse equivocado ahora con el acusado”, sostuvo. “Ningún otro testigo ha podido identificar a mi cliente en el lugar de los hechos”, recalcó. Además, dejó constancia de que al acusado no le llamaban “El Mudo”, como se ha dicho en el juicio, sino “El Moha”, y que nadie ha mencionado ninguno de los dos nombres durante las sesiones.

El abogado del segundo presunto asaltante fue más allá y expuso que, en el momento de los hechos, “está acreditado” que agentes de los Mossos d’Esquadra le hacían un seguimiento policial en Botarell, “a 23 minutos del lugar”. Por ello preguntó: “¿Por qué los mossos no cruzaron datos y la policía no informó que le estaban haciendo otro seguimiento? ¿Por qué no se les geolocalizó o ubicó por los teléfonos móviles?”.

En cuanto a las defensas de los tres hermanos, el principal argumento fue intentar convencer al tribunal de que declarara nula la entrada y registro que hicieron los Mossos d’Esquadra en el domicilio donde se encontraron diversas armas de fuego que supuestamente participaron en el tiroteo. El abogado consideró que no había justificación para realizar el registro y aseguró que tampoco existía un mandato judicial. “Si esto es nulo, la causa es nula”, expresó.

Asimismo, negó la participación de sus clientes en el tiroteo y subrayó que “ninguno de ellos está bien identificado por los testigos”. Finalmente, afirmó que en los disparos realizados desde el edificio hacia la calle “no había intención de matar”, porque “no fueron a la zona donde estaban los tiradores” y “es imposible”, mostrando un croquis del área elaborado por los Mossos d’Esquadra. También argumentó que responder con fuego desde el edificio podría considerarse legítima defensa, ya que “si intentaban entrar a su casa, se defenderían”.

El segundo abogado, en representación de uno de los tres hermanos, se centró en que este acusado no ha sido identificado por ningún testigo y que la prueba de parafina realizada por la policía para determinar si había disparado resultó negativa. “No hay pruebas, quizás podemos hablar de indicios”, sostuvo.

Finalmente, en el turno de última palabra para los cinco acusados, los dos presuntos asaltantes rechazaron este derecho. Por su parte, los tres hermanos, de manera similar, solicitaron libertad para estar cerca de su familia y reiteraron su inocencia.

Aunque los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2024, este sábado se cumplen dos años, el plazo máximo que prevé la ley para mantener a alguien en prisión preventiva. La jueza ha aceptado la petición de la fiscalía de prolongar el encarcelamiento preventivo hasta que se dicte sentencia y ha rechazado las solicitudes de libertad de las defensas y de los acusados.