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Hay una creencia popular que defiende que, pase lo que pase, la contribución siempre sube. Los datos vienen a confirmar que la mayoría de los contribuyentes están en lo cierto. Porque si hay un tributo que jamás ha conocido la burbuja inmobiliaria (y su posterior estallido), ese es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la niña bonita de los ayuntamientos, el tributo inmune a la gran recesión. Pese a que los valores de las viviendas y las fincas se han depreciado en Tarragona, la recaudación del impuesto que grava la propiedad no ha dejado de engordar, y con ello el dinero para las arcas municipales.
Entre 2006 y 2017, los ingresos en la provincia han aumentado casi un 90%, desde los 167,2 millones a los 314 del año pasado. O lo que es lo mismo: los ayuntamientos perciben hoy en sus arcas 147 millones más que hace tan solo nueve años. Son 185 euros más que apoquina, de media, cada ciudadano.
El espectacular incremento de los ingresos por IBI se explica, en parte, por las subidas de tipos que han aplicado los ayuntamientos en los últimos años, las reformas del Gobierno y la revalorización catastral. Este tributo ha sido un auténtica mina para la máquina recaudatoria de los ayuntamientos, que se han aferrado a él para sobrevivir en la violenta época de ajustes, condenando así al ciudadano.
Las sucesivas revisiones catastrales a las que se han acogido los ayuntamientos –además de la subida del tipo– han sido claves en ese incremento, así como la regularización catastral emprendida por el Gobierno, algo que también ha hecho incrementar el recibo medio del IBI en Tarragona. Gracias a esos filones, la recaudación líquida global de los ayuntamientos de la provincia ha pasado de los 915 millones de 2009 a los 1.032 del año pasado, según los balances de Hacienda.
