Aparcamiento de Jaume I: Un desastre sin solución ni culpables
El no párking se empezó a construir en 2002, pero se paralizó el 22 de febrero de 2008. El gasto, previsto en 4 millones, ya asciende a más de 30 sin que el juzgado haya responsabilizado a nadie

Imagen del pasado mes de enero del aspecto que ofrece actualmente la instalación de la Part Alta.
Mañana se cumplen exactamente ocho años desde que el Ayuntamiento de Tarragona decidiera suspender todas las operaciones en el polémico aparcamiento Jaume I, situado en la Plaça de l’Escorxador de la Part Alta. El 22 de febrero de 2008, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), motivó la decisión en la «incertidumbre», la «indefinición» y la «desconfianza» de los estudios de viabilidad.
Ballesteros también anunció ese día que las obras, que empezaron en 2002, ya sumaban un coste de 25, 7 millones de euros, más de seis veces el presupuesto inicial, cuantificado en 3,9 millones. Además, la corporación local pagará intereses bancarios por la nefasta construcción durante tres décadas, concretamente hasta el año 2043.
Una de las primeras medidas fue prescindir de los servicios del hasta entonces responsable de la obra, Jesús Trasobares (ya fallecido), que también ejercía como gerente de la Empresa Municipal de Transports (EMT) y fue un hombre de confianza del exalcalde Joan Miquel Nadal (CiU). Ballesteros también aseguró que una ingeniería externa decidiría «en quince días» el futuro del equipamiento. Sin embargo, la respuesta se retrasaría siete meses. El 28 de agosto de 2008, el informe presentado por la compañía catalana Àgora determinó que el párking Jaume I no sería «inteligente» –o sea, robótico–, y que debería ser remodelado para convertirse en uno convencional. Esta circunstancia supondría una inversión adicional que oscilaría entre los 4,5 y los 5,3 millones de euros, un extremo que situaría el coste del equipamiento en 31 millones de euros. Además, la compañía aseguraba que, en caso de ser robótico, el número máximo de plazas sería de 250, con unas pérdidas anuales de «entre los 200.000 y los 400.000 euros».
El administrador de Sistemas Alem, Rafael León –también desaparecido–, respondió que «nuestro proyecto para construir el párking Jaume I no es éste. Por lo poco que hemos podido ver, hemos constatado que se han hecho barbaridades por apropiarse indebidamente de la tecnología», afirmó. Seis días después, el Ayuntamiento anunció que llevaba el caso a la Fiscalía.
La comisión de investigación
Posteriormente, la comisión de investigación del caso, formada por varios técnicos municipales, señaló en verano de 2009 que el expresidente de Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), Xavier Magriñà, y el gerente de la misma compañía, Jesús Trasobares, serían los grandes responsables del despilfarro.
El documento constataba que también que se produjo «una alarmante falta de reacción» por parte del anterior equipo de gobierno, formado por CiU y PP. Según los técnicos que redactaron el escrito, se produjo una actitud de «pasividad total» ante unos hechos «gravísimos que hipotecan la ciudad desde hace varios años».
El análisis aseguraba, asimismo, que la elección de Sistemas Alem se realizó «sin contrastar su solvencia», así como que «no se cumplieron los requisitos de publicidad y concurrencia en varias operaciones».
En febrero de 2011 el Consistorio rediseñó el espacio para adecuarlo a un aparcamiento convencional, olvidando el sistema robótico. De esta forma, el proyecto preveía una instalación para 319 plazas, cuyo coste de construcción sería de 5,6 millones de euros.
Ya en septiembre de 2012 la administración municipal sacó a concurso la obra y construcción del párking. Sin embargo, esta licitación quedó desierta, ya que las compañías interesadas querían sacar a la venta más del 30% de las plazas previstas en el pliego de cláusulas.
Entonces, en enero de 2013 el Ayuntamiento inició negociaciones con tres empresas que sondearon a la corporación local, pero que no se presentaron al concurso. Pese a ello, en noviembre de ese año un informe jurídico advirtió al equipo de gobierno que debía convocar un nuevo concurso para construir el Jaume I, ya que el principio de acuerdo con alguna firma vulneraba las cláusulas de la licitación.
Paralelamente a la solución técnica, el juzgado seguía investigando el caso y, en diciembre de 2013, el juez solicitó el nombre de todos los miembros del consejo de administración de Aparcaments y del pleno municipal que intervinieron en la tramitación administrativa del proyecto. Pese a ello, el juez descartó imputar a nadie. Asimismo, en mayo de 2014 un extécnico municipal reconoció en una comparecencia en el juzgado de instrucción número 3 de Tarragona que «se hincharon facturas» en la obra.
Poco después, en febrero de 2015, la plataforma denunciante del caso lamentó «la pasividad» de la justicia en la investigación del caso, ya que «han pasado ocho años desde que se abrieran diligencias y aún no se ha imputado a nadie».
Entre marzo y abril de 2015 se llevó a cabo la encuesta ciudadana para decidir el uso del agujero. Cabe descatar que en esta consulta sólo participaron 239 personas, y que la opción favorita fue destinar el equipamiento para ser utilizado con fines «culturales, sociales y de ocio». Por ello, poco después el PSC anunció su voluntad para que la instalación se conviertiera en la nueva Casa de la Festa, una opción que no fue bien vista por el resto de los partidos con representación municipal. Por ello, el alcalde quiere definir antes de verano el uso de futuro del espacio mediante varias juntas de portavoces con el resto de formaciones.
El último capítulo de este affaire se ha producido esta misma semana , cuando el Consistorio ha recibido un informe pericial por parte del juzgado, que fue criticado por parte de la portavoz Begoña Floria (PSC). Se trata de un nuevo indicio que podría indicar que el caso aún puede tener cuerda para rato.