Cada interno de la cárcel de Tarragona (Centro Penitenciario de Mas d’Enric, en el término de El Catllar) le cuesta a la Generalitat unos 6.900 euros al mes, según los últimos cálculos difundidos por la plataforma Marea Blava, integrada por funcionarios y trabajadores de los servicios penitenciarios.
Esto se traduce en más de 225 euros diarios por recluso en el centro penitenciario tarraconense. Con una población penitenciaria aproximada de 870 internos a mediados de mayo, el gasto mensual total en el centro tarraconense superaría el 1,25 millones de euros, una cifra que sigue aumentando año tras año.
Marea Blava ha elaborado esta estimación partiendo de los informes del Consejo de Europa, que recogen el gasto medio por preso y día en distintos territorios europeos. En Catalunya, el coste penitenciario por interno ha aumentado un 55% en solo seis años: en 2018 era de 145 euros diarios, y en 2024 ha alcanzado los 225,72 euros por dia, según la proyección basada en una subida media del 8,2% anual entre 2018 y 2022.
Mientras tanto, el coste per recluso en España se ha mantenido relativamente estable y muy por debajo del catalán.
Esto significa que Catalunya triplica el gasto penitenciario medio del resto del país, y se sitúa incluso por encima de países como Inglaterra (163 euros), Francia (127) o Italia (163). Solo los países escandinavos presentan cifras superiores, como Noruega, con un récord de 373 euros diarios, o Dinamarca, con 210 euros.
El gasto penitenciario no se limita únicamente al personal de seguridad. Según el Consejo de Europa, incluye una amplia gama de servicios: vigilancia interior, asistencia sanitaria, psiquiátrica y farmacológica, alimentación, programas educativos, formativos, de ocupación, tratamiento de adicciones, actividades lúdicas, mantenimiento de los centros, traslados de presos y la vigilancia exterior, que en Catalunya está a cargo de los Mossos d’Esquadra.
Desde Marea Blava, que agrupa a trabajadores del sistema penitenciario catalán, se señala que estos niveles de gasto reflejan una apuesta por un modelo más integral y rehabilitador, pero también alertan sobre una posible falta de eficiencia en la gestión, especialmente en un contexto de infrafinanciación crónica en otros ámbitos públicos como la sanidad o la enseñanza.
