La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, anunció ayer que la Generalitat ha ejercido el derecho de tanteo y retracto sobre 743 viviendas que hasta ahora eran propiedad del fondo Divarian por 72 millones de euros. De las 743 viviendas adquiridas en los últimos días por la Generalitat, 61 se encuentran en la demarcación de Tarragona. De éstas, 55 se encuentran en el Camp de Tarragona: 24 de ellas en Tarragona, 21 en Reus, tres en Constantí, dos en Cambrils, dos en La Canonja, dos en Vila-seca y una en Valls. En las Terres de l’Ebre, el Govern ha adquirido seis viviendas: cuatro en Deltebre, una en Tortosa y otra en Móra d’Ebre.
Familias del ‘Reallotgem’
Se trata de viviendas repartidas por toda Catalunya. Los pisos irán destinados a familias procedentes de ejecuciones hipotecarias y que actualmente están acogidas en el programa ‘Reallotgem’. Paneque destacó que es la «mayor» compra realizada por el Departament mediante la modalidad del tanteo y retracto y afirmó que con esta operación se cubre la mitad de la demanda del programa ‘Reallotgem’.
La consellera celebró que con esta medida se dará «tranquilidad» a las personas que viven en estas viviendas y comentó que con esta operación la Generalitat se ahorrará unos seis millones de euros anuales. Hasta ahora, la Generalitat ponía la diferencia entre el alquiler del precio de mercado, ya que pagaba el importe al fondo pero después cobraba el alquiler social al inquilino, que venía determinado en función de sus ingresos.
Paneque detalló que la Generalitat ha ejercido el derecho de tanteo y retracto esta semana después de hacerlo efectivo al saber que el fondo Divarian se disponía a vender estos pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias y donde ahora residen familias acogidas en el programa ‘Reallotgem’. Esta operación se suma a los 450 pisos adquiridos en Immocaixa -en este caso fue fruto de una negociación- y forma parte del plan del Govern para llegar a los 50.000 pisos sociales hasta el 2030.
Según la consellera, el programa del Ejecutivo catalán está dirigido especialmente a la construcción de nuevas viviendas, aunque también existe una pequeña parte del parque procedente del derecho de tanteo y retracto o bien de la rehabilitación. Además, los municipios ofrecerán suelos y solares para destinarlos a vivienda social. En este sentido, Paneque avanzó que ya podría cubrirse la mitad del objetivo del plan mediante los solares municipales.
En el caso de la compra anunciada este miércoles, Paneque comentó que, de no haber ejercido ese derecho, las viviendas habrían pasado al mercado de venta libre.
«El objetivo que perseguimos es que la vivienda vaya vinculada a un derecho y no a sacar un beneficio económico», señaló la consellera de Territori. Ahora, las familias que viven en estos pisos pagarán un alquiler social directamente a la Generalitat, en función de los ingresos de cada hogar.