El Grupo Griñó ha rechazado este miércoles las acusaciones de connivencia con la Agència de Residus de Catalunya (ARC) lanzadas por las organizaciones ecologistas Gepec e IPCENA. En un comunicado, la compañía ha negado “haber mantenido relaciones económicas o contractuales” con el anterior director de la agencia, Josep Maria Tost, durante su periodo de incompatibilidad tras dejar el cargo público. Además, ha afirmado que las reuniones registradas en el portal de transparencia responden a un diálogo técnico habitual dentro del marco regulador, como sucede con muchas otras empresas del sector.
La empresa ha calificado de “grave irresponsabilidad” poner en duda el rigor de las instituciones públicas y ha advertido que “se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas para proteger su honor y reputación ante las acusaciones infundadas”.
Paralelamente, Griñó ha asegurado que “no consta ningún riesgo identificado para el medio ambiente ni para la salud pública” derivado de su actividad. En este sentido, ha defendido que dispone de “todas las autorizaciones y permisos necesarios” otorgados por las administraciones competentes para realizar traslados transfronterizos de residuos procedentes de otros países europeos. La empresa ha subrayado que la propia Agència de Residus de Catalunya “ha confirmado públicamente que los traslados de residuos procedentes de Italia se han llevado a cabo dentro del marco normativo europeo y español”, y ha recordado que en las 55 inspecciones realizadas por la ARC en los últimos cuatro años “no se ha detectado ninguna irregularidad ni se ha iniciado ningún expediente sancionador relacionado con esta actividad”.
Este miércoles, en una rueda de prensa Gepec e IPCENA han informado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha admitido la personación de ambas entidades como acusación popular en una causa penal abierta contra Griñó por un presunto vertido irregular de residuos en territorio español. Esta pieza se encuentra en fase de instrucción y tiene por objeto investigar la entrada supuestamente ilegal de residuos desde Italia a vertederos situados en Constantí (Tarragonès), Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y la comarca de la Conca de Barberà. Ante esto, Griñó ha remarcado que “hasta la fecha no se ha presentado ninguna acusación formal contra ninguna empresa del grupo ni contra ninguna persona vinculada a la organización”, y ha subrayado que “ningún organismo ambiental, judicial o policial ha limitado ni paralizado cautelarmente la actividad de las plantas del grupo”.
Sobre la planta de la Conca y la planta Tracjusa en Les Garrigues
En relación con la planta de la Conca, Griñó ha explicado que el expediente sancionador abierto en 2021, actualmente recurrido, “no tiene nada que ver con una supuesta superación del límite de entrada de residuos”, como se ha afirmado, sino que se basa en una “interpretación técnica incorrecta” de los criterios de valorización establecidos en la Autorización Ambiental Integral. Según la empresa, esta cuestión ya ha sido corregida en colaboración con la administración para evitar futuras interpretaciones erróneas.
Respecto al proyecto de Tracjusa, en Juneda (Les Garrigues), la compañía ha insistido en que “no se trata de una incineradora”, como denuncian las entidades ecologistas, sino de “una planta de gasificación de combustibles sólidos recuperados”, un proceso tecnológicamente distinto que sustituye el uso de gas natural por una alternativa energética renovable. La planta cuenta con una autorización ambiental otorgada por la Generalitat en 2021, con informes favorables de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la ARC, la Agència Catalana de l’Aigua y la Direcció General de Salut. Esta autorización fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Asimismo, Griñó ha destacado que la Fiscalía ha archivado recientemente la denuncia presentada por varios alcaldes contrarios al proyecto, lo que refuerza nuevamente, según la empresa, su legalidad. La compañía ha recordado que el proyecto fue impulsado en 2016 por familias ganaderas agrupadas en GAP Cooperativa para garantizar la continuidad del sector en la comarca, y que Griñó se incorporó a la iniciativa en 2024, aportando su experiencia en tecnologías de valorización energética.
