El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ya tiene el recurso de la empresa FCC para frenar la inminente adjudicación del servicio de la basura a la compañía Urbaser. Según ha podido saber el Diari, la tercera clasificada del concurso presentó este pasado viernes su alegación ante el organismo administrativo dependiente de la Generalitat de Catalunya, después de que el pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobara el jueves la propuesta para adjudicar el contrato a la segunda, con el objetivo de formalizarlo «en cinco días» sin prever espacio para «recursos especiales en materia de contratación». ¿Por qué? Los servicios jurídicos municipales entienden que no se trata de un nuevo acto administrativo, sino que sería la ejecución de la resolución del Tribunal de Contractes que expulsó del proceso a la ganadora, GBI Paprec.
El aval del organismo de la Plaça de la Font –con los 14 votos que sumaron PSC (9), Junts per Catalunya (3) y no adscritos (2), la abstención del PP (4) y los 9 noes que sumaron ERC (6), ECP (2) y Vox– sorprendió y enfureció a la tercera clasificada. De hecho, este mismo viernes la compañía gestora del actual contrato del año 2002 presentó un escrito en el que amenazaba «a las autoridades responsables de la situación» –es decir, a los 14 concejales que votaron ‘sí’– con responsabilidades «administrativas y penales».
El motivo del enfado fue que en el acuerdo no se establecen los diez días ordinarios para presentar recurso, un hecho que FCC considera que atenta «contra nuestra la tutela judicial efectiva» por el «abuso de poder» y los «incumplimientos flagrantes» que se habrían producido por parte del consistorio.
«Todas las empresas incumplen»
Paralelamente al escrito que FCC registró este pasado viernes en el Ayuntamiento, la empresa formalizó la presentación de un recurso especial ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
La firma, que en el concurso público quedó por detrás de GBI Paprec (166) y de Urbaser (156) tras obtener 152 puntos, estructura su recurso en base a tres cuestiones: la resolución del tribunal administrativo del pasado mes de junio en el que se aseguraba que todas las firmas tenían incumplimientos en los requisitos; los siete presuntos errores detectados en la oferta de Urbaser; y las dudas legales sobre el acuerdo de la propuesta de adjudicación aprobada en el pleno municipal de este pasado jueves.
Por lo que se refiere al primer punto, FCC indica en su alegación que, en la resolución del pasado 6 de junio, el Tribunal de Contractes dio un tirón de orejas a los técnicos municipales por no excluir del proceso a las licitadoras pese a «haber detectado que todas las ofertas presentadas contenían defectos respecto a los elementos definidos como mínimos en el Pliego de Condiciones Técnicas».
Asimismo, FCC cita que, en otro punto de la resolución de hace diez meses, el Tribunal de Contractes expresaba textualmente, que «cabe decir, en todo caso, que varios de los incumplimientos afectan a la propia empresa recurrente (Urbaser)», si bien dejaba claro que estos «no pueden ser analizados por este tribunal en base a las exigencias del principio de congruencia que limitan el abasto del pronunciamiento» por el hecho de no castigar a una licitadora por usar su derecho a recurso.
«Siete errores en la oferta»
Especificando en los presuntos déficits de la empresa Urbaser, y que según FCC deberían llevarla a la exclusión del proceso administrativo, la compañía recurrente indica en el recurso haber detectado hasta siete incumplimientos respecto al pliego de condiciones del concurso.
Estos déficits se centrarían en las ofertas referentes al control de los impropios de las fracciones orgánicas, envases ligeros, papel-cartón y cristales; la frecuencia de limpieza mínima en la playa de Tamarit; el servicio doméstico y comercial en la Part Alta; las características del parque de contenedores; la recogida puerta a puerta en los polígonos industriales; la APP de comunicación bilateral entre Ayuntamiento y empresa; el plan de formación y motivación del personal.
El tercer eje del recurso es el referente al acuerdo del pleno de este pasado jueves, que FCC critica «no haber sido notificado debidamente», así como no haber tenido opción de alegar.
Por todo ello, la empresa pide la nulidad del acuerdo del jueves y, de inmediato, que el tribunal administrativo decrete la suspensión del procedimiento, un hecho que, de manera cautelar, podría concretarse en los próximos días.
