El Vendrell (1,09), Valls (0,99) y Tortosa (0,986) tendrán los tipos impositivos de IBI más altos de la provincia en 2017, de entre los diez principales ayuntamientos. De ellos, sólo uno, Valls, ha incrementado ese tipo en sus ordenanzas fiscales de cara al próximo año, pasando de 0,93 a 0,99. El Vendrell y Tortosa congelan esa tarifa, aunque eso les mantiene aún en ese podio. Eso sí, las tres localidades aplican ese gravamen a valores catastrales que no se revisan desde antes de la burbuja, por lo que, en principio, eso suaviza lo que el contribuyente debe acabar pagando anualmente por el Impuesto de Bienes Inmuebles, o la popularmente conocida como contribución.
Durante estos días se están terminando de aprobar las ordenanzas, no sin polémicas ni controversias políticas en los plenos, y bajo una premisa generalizada: congelar impuestos y tributos, salvo algunas modificaciones mínimas. El caso más representativo ha sido el de Reus. La falta de acuerdo del gobierno municipal con la oposición ha impedido la aprobación de unas ordenanzas fiscales que iban a acarrear un aumento y que al final se han acabado prorrogando.
Incremento en Valls
Ocho de los diez principales municipios de la provincia han congelado estos tributos o pretenden hacerlo de forma inminente, como por ejemplo Salou, que celebra hoy su pleno sobre ordenanzas fiscales. No sólo Reus ha vivido en vilo al respecto. En Valls, la concejal de Hacienda, Assumpió Casañas, ha dimitido después de seis años en el consistorio. La decisión se atribuyó a motivos personales pero las desavenencias con el alcalde, Albert Batet, por el aumento del IBI habrían tenido un peso importante.
En la capital del Alt Camp, el ayuntamiento decidió incrementar el tipo hasta el 0,99%, cuando en el pleno del pasado septiembre se aprobaron unas ordenanzas fiscales que preveían una rebaja del tipo municipal del IBI del 0,03, pasando del 0,96 al 0,93%.
El otro municipio, dentro del ‘top ten’ de tamaño, que no ha congelado ha sido Vila-seca, que reduce el gravamen para el próximo ejercicio. Se pasará de un tipo del 0,801% a otro del 0,763%, siempre teniendo en cuenta inmuebles urbanos. Según argumenta el consistorio de la Costa Daurada, se ha tomado esa decisión por si el Estado actualiza el valor catastral y lo asciende, algo que el ayuntamiento ha pedido a Hacienda. De esta manera, se pretende compensar el hipotético incremento derivado de la actualización catastral con una reducción del tipo impositivo. Es ahí donde radica el truco para muchos ayuntamientos.
La intervención estatal
Numerosos consistorios solicitan cada año al Estado que actualice el catastro, de forma que pueden alegar ante sus ciudadanos que ellos no suben los impuestos o tasas y que si finalmente el recibo se incrementa es por la intervención del Estado.
Cuatro de los diez principales municipios lo han pedido: Tarragona y Salou, pese a congelar el gravamen, han reclamado la actualización, con el objetivo de poder recaudar más en ese concepto. Vila-seca también lo ha hecho, aunque ha reducido el tipo, mientras que Valls ha querido incrementar los dos indicadores que determinan lo que se paga por este impuesto. No sólo ha subido el tipo sino que también ha pedido la actualización al Ministerio. Sin embargo, ese ‘catastrazo’ encubierto que ha servido siempre como recurso para aumentar los ingresos en los consistorios puede no tener efecto esta vez. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que incluyen siempre la actualización de los valores catastrales, puede hacer que esos incrementos no entren en vigor. Por lo tanto, igual que ha sucedido en Reus, el bloqueo político impediría subidas en un impuesto como la contribución.
Revisiones al alza
Por otra parte, poblaciones como Tortosa, Amposta, Calafell o Cambrils han congelado las principales tasas e impuestos y no han reclamado esa revisión al Estado, por lo que se prevé que el contribuyente no note variación en el recibo. En la equiparación entre Tarragona y Reus, la capital provincial sale peor parada, a pesar de que tiene una fama negativa cuando se compara con otras capitales españolas.
La capital del Baix Camp tiene un gravamen más alto (0,9545 frente a 0,953). Ambas ciudades tuvieron la última revisión catastral en 2001, si bien es verdad que para 2016 Tarragona sí había pedido a Hacienda la actualización catastral y Reus no. Salou, Vila-seca o Valls, de entre las mayores urbes, también pidieron el año pasado esa revisión al alza.
Durante los años de la crisis, el IBIse ha convertido en la auténtica joya de la corona de la recaudación municipal.
