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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado que la presidenta suspendida del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, ha sido condenada por un caso «flagrante de prevaricación y mal uso de fondos públicos». Así lo ha dicho al ser preguntado si el Gobierno va a atender la petición del tribunal sentenciador, el TSJC, de concederla un indulto parcial para evitar el ingreso en prisión.
El TSJC condenó a Laura Borrás a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018. No obstante, planteó un indulto parcial para que no entre en la cárcel y que se rebaje la pena a no más de dos años con el fin de evitar la prisión.
La sentencia la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público.
El presidente del Gobierno, que se encuentra en Pekín tras haberse reunido con el presidente chino Xi Jinping, ha recordado, al ser preguntado si el Ejecutivo atenderá esta petición, que se trata de un «caso de flagrante prevaricación y mal uso de recursos públicos».
No obstante, ha señalado que no es una sentencia firme porque tendrá que elevarse al Tribunal Supremo y se tendrán que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho antes de deliberar sobre una petición de indulto en el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que no se pronuncia, no porque no tenga posición al respecto, sino porque tiene que ser respetuoso con el Estado de Derecho.
No lo deja
Y es que la presidenta suspendida del Parlament ha rechazado este viernes dejar el cargo y ha pedido su restitución de sus derechos y deberes si se quiere acabar «con la interinidad» en la institución.
Así lo ha manifestado en una entrevista en Rac1 después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamara poner fin a la interinidad en la Presidencia del Parlament después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación.
Según Borràs, Aragonès y los miembros de la Mesa son los que avalaron «la interinidad de la que ahora se exclaman porque la provocaron con la aplicación de un artículo del reglamento del Parlament que jurídicamente presenta muchos problemas, que es inconstitucional y vulnera derechos humanos», en referencia al artículo 25.4.
Este artículo plantea la suspensión de un diputado cuando se le abre juicio oral por corrupción, práctica que asegura que la sentencia desmiente que se haya producido, y que ella vincula sólo con el delito de malversación, por el que no ha sido juzgada.
Por ello, ha reclamado la restitución de sus funciones si se quiere acabar con la interinidad en el Parlament: «Es una interinidad que han provocado ellos y que pueden dejar de tener».
«Me han podido suspender de mis derechos y deberes, pero no de mi sentido institucional y de mi responsabilidad. A día de hoy la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs», ha recalcado.
También ha dejado claro que, mientras sea diputada en la Cámara, mantendrá sus responsabilidades por «sentido institucional», tras recordar que hasta ahora ha asistido a todos los plenos y actos organizados por la institución.
JEC
A la espera de la decisión que tome la Junta Electoral Central (JEC), ve una «barbaridad» que intervenga en una cuestión de la Cámara y que se tolere porque, a su juicio, es una entidad administrativa que debería actuar cuando hay procesos electorales en marcha.
«No debería haber tenido carta de entrada en el Parlament», ha apuntado Borràs, tras señalar que, en caso de que la JEC le retire el acta de diputada, será un nuevo atropello de sus derechos, ha dicho.
Borràs, que ve probable esta posibilidad, ha explicado que sus abogados ya trabajan en el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo (TS), además de concretar que, si es necesario, irá a los tribunales europeos.
«Estamos en un caso de lawfare, es una causa de persecución política», ha insistido la también líder de Junts, que espera su absolución tras mantener que no ha cometido ningún delito y que no ha tenido un juicio justo.
Según Borràs, podría haber llevado al Parlament a los juzgados cuando la suspendieron de sus derechos y deberes pero no lo hizo por sentido institucional: «Como presidenta del Parlament no llevaré la institución a los tribunales, aunque quién la gestiona haya permitido que se vulneren derechos. ¿Esto significa que colaboraré con los que permiten que hayan estos atropellos? No».
Indulto
Sobre que el tribunal proponga un indulto parcial, Borràs lo interpreta como que los jueces pasan la pelota al Gobierno y, en otra entrevista en TV3, ha considerado que es extraño y ha añadido que ella sólo se acogerá a la «absolución».
Al preguntársele si está preparada para entrar en prisión si no le reducen la pena, ha admitido que es un escenario que nunca piensa que pueda llegar «cuándo has hecho el trabajo y con honestidad», pero ha añadido que está preparada para seguir plantando cara.
«Sigo firme y determinada, enfadada e indignada para seguir con mi lucha, que es de carácter político. Entré en política para conseguir la independencia, y parece que hay muchas ganas de que deje de hacer política, pero esto no pasará», ha sostenido.
También ha explicado que Aragonès y la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, no se han puesto en contacto con ella, y que sólo lo ha hecho la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a través de un mensaje.
