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    Piden seis años de prisión para el rapitense Lluís Salvadó

    Era secretario de Hisenda cuando hubo el referéndum del 1-O. El fiscal también solicita siete años para Josep M. Jové, entonces secretario general de Vicepresidència i Economia

    17 febrero 2023 15:40 | Actualizado a 17 febrero 2023 15:55
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    La Fiscalía ha pedido condenar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O, mientras que, en la misma causa, ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat Josep Maria Jové y para el exsecretario de Hisenda y actual presidente del Port de Barcelona, el rapitense Lluís Salvadó.

    El escrito de acusación reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó, y les atribuye los presuntos delitos de desobediencia –igual que a la consellera–, además de prevaricación y malversación agravada.

    El fiscal también reclama inhabilitar a Jové durante 32 años y a Salvadó durante 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, y pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que entonces era directora de servicios de la conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.

    La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga --ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern-- pero cuando ella asumió el cargo de consellera y pasó a ser aforada al TSJCat, las causas se acumularon y este proceso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes, en mayo de 2021, ya se dictó el acto de conclusión del sumario.

    El fiscal atribuye a Jové el documento Enfocats, que era «una ‘propuesta estratégica’ dirigida a ‘reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso’» y en el que indaga sobre una declaración unilateral de independencia.

    También hace referencia a las anotaciones de Jové en una agenda que llevaba a sus reuniones con otras formaciones para negociar los presupuestos del Govern para 2017.

    Presupuestos de 2017

    En noviembre de 2016, Junqueras presentó el proyecto de Presupuestos para el año siguiente acompañado de Salvadó, e incluían 5,8 millones para procesos electorales y participativos, y «una disposición adicional donde se expresó el compromiso de dotar el presupuesto necesario para organizar el referéndum de autodeterminación».

    El proyecto de cuentas también incluía 57,4 millones para desarrollar la Agència Tributària de Catalunya y, una vez aprobados los presupuestos, el Tribunal Constitucional los suspendió y declaró inconstitucionales varias partidas, pero, según el fiscal Jové, Salvadó y Garriga desoyeron esta anulación del tribunal.

    El fiscal subraya que, en julio de 2017, la Generalitat dictó dos decretos que otorgaban al departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda las competencias sobre administración de procesos electorales, que hasta entonces pertenecían a Governació, «de modo que toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum comprometido pasó a ser controlada por su secretario general, el procesado Jové, quien, bajo la inmediata dirección de Junqueras, disponía además de los necesarios recursos económicos y logísticos precisos para la inminente celebración del mismo».

    Garriga: CTTI y almacenar papeletas

    El fiscal cree que Garriga adjudicó varios contratos menores para hacer obras en una nave anexa del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) para que se instalara «un call center o ‘centro de prensa’, en el que se irían recogiendo los datos de participación y resultado» del 1-O.

    En esas instalaciones, la tarde antes del 1-O, la policía incautó 118 pantallas de ordenadores, 118 CPUs, dos servidores, 15 soportes de tarjeta SIM Vodafone y 275 teléfonos Huawei.

    La acusación pública también atribuye a Garriga haber hecho de enlace entre su superior, Jové, y una funcionaria de su departamento para conseguir la cesión de unas naves en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar el material electoral: allí, el 20 de septiembre, la policía incautó 9.894.350 papeletas y 5.903 sobres con documentación electoral.

    «Diluir la responsabilidad»

    El fiscal sostiene que los preparativos y gastos para el 1-O se hicieron esquivando el control estatal de las cuentas de la Generalitat, para lo que el Govern hizo intervenir a varios departamentos «para diluir la responsabilidad individual», y subraya que Jové, como número dos de Economia i Hisenda, conocía los detalles de las cuentas catalanas así como los requerimientos de información que hacía el Ministerio de Hacienda, a los que el Govern contestaba negando que hubiera hecho pagos o modificaciones presupuestarias relacionadas con el 1-O.

    Como el TC había anulado varias partidas de los Presupuestos, el fiscal señala que en lugar de dedicar una de ellas a gastos electorales, la «estrategia» del Govern fue atribuirlos a varias partidas de diversos departamentos.

    Anuncio de referéndum

    El fiscal expone que la conselleria de Presidència lanzó en agosto de 2017 la campaña Civisme «para, en apariencia, ‘potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el bienestar social, y la cultura de la paz y la solidaridad’, si bien su indisimulado objeto era publicitar y anunciar el referéndum acordado y favorecer la participación ciudadana en el mismo».

    La campaña acabó centrándose en el anuncio que mostraba unas vías de tren bifurcándose y se adjudicó sucesivamente a una empresa por 2,24 millones y luego a otra por 2,29 millones, pero «ambas renunciaron a ejecutarlo al percatarse de que se trataba de propaganda del ilegal referéndum», y entonces Presidència --que encabezaba Jordi Turull-- encargó la campaña a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y facturó los anuncios de radio y tele por 277.804 euros.

    Papeletas, censo electoral y citaciones

    La Generalitat encargó a Unipost, dentro del contrato marco que tenían, 5.346.734 cartas ordinarias --tantas como personas censadas-- y 56.000 cartas certificadas destinadas estas a quienes habrían de integrar las mesas electorales, un servicio que se presupuestó en 979.661,96 euros sin IVA.

    El fiscal cree que «a fin de encubrir responsabilidades y evitar la constancia del encargo y su verdadera naturaleza, se eludió deliberadamente la mecánica habitual de registro y formalización de los envíos y repartos» de Unipost y que, para disimular la importancia del gasto, se facturó repartido en cinco conselleries: Vicepresidència, Cultura, Salut, Treball y Presidència.

    Unipost intentó cobrar una de las cinco facturas, la que iba a nombre de Cultura, pero dos veces el pago resultó rechazado, y para elaborar el censo electoral el fiscal expone que Jové presuntamente recavó datos personales de los catalanes para el censo electoral a través de un convenio entre el departamento y el Idescat.

    Hisenda Pública

    En 2015, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó una ley que preveía crear una agencia tributaria catalana y otras «estructuras de Estado» sobre los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte, que el TC anuló.

    Aun así, Jové y Salvadó «tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas 'estructuras de Estado' y, de modo paralelo, conseguir una suficiente financiación para cuando Catalunya alcanzase la independencia», y dotaron a la Agència Tributària del sistema e-Spriu, capaz de recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que no tenían competencias como IRPF, IVA, el impuesto de sociedades y otros especiales estatales.

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