Junts se opone al decreto antidesahucios pese al pacto PSOE-PNV

El pacto entre el PSOE y el PNV para flexibilizar las medidas antidesahucios del decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros no ha convencido a Junts. El grupo de Míriam Nogueras, indispensable para aprobar el texto cuando se presente en el Congreso de los Diputados, se inclina por ahora por el ‘no’, lo que, de mantenerse, haría decaer la prórroga de las medidas vigentes desde la pandemia. Nogueras ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha advertido de que votará en contra de una medida “que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta” porque “hace pagar el coste de este escudo social al pequeño propietario y a los vecinos”.

Bastaría con una abstención de los siete diputados de Nogueras para que el Ejecutivo superara el trámite por un solo voto de ventaja respecto al bloque formado por PP, Vox y UPN. De momento, sin embargo, los de Puigdemont se decantan por el voto en contra. “No es un escudo social, es una medida que no funciona y que no se ha querido solucionar bien”, apuntan fuentes de la formación.

El Ejecutivo español apela al diálogo para intentar sacar adelante las medidas. No obstante, el acuerdo con el PNV no ha dado resultados con Junts y ha generado la reacción de Podemos, otro actor clave en la aritmética parlamentaria, que ha calificado el texto de “pacto criminal”, en palabras de la secretaria general de la formación, Ione Belarra.

El PP

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, ha pedido a los grupos que apoyen el texto: “Son medidas buenas, todas ellas, y yo preguntaría al PP qué le parecería mal de proteger a los más vulnerables para afrontar la factura de la luz o del agua”, ha afirmado.

En concreto, el nuevo texto aprobado en el Consejo de Ministros fruto del pacto con el PNV establece que los propietarios de una o dos viviendas, o aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, no se verán afectados por esta prórroga del escudo social. Es decir, los jueces podrán ordenar desahucios en caso de impago y “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”.

En el caso de los propietarios que tienen tres o más viviendas y que no alcanzan la consideración de grandes tenedores, podrán desahuciar si demuestran que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De este modo, se mantiene la suspensión de desahucios cuando exista un contrato de alquiler previo y el propietario no sea vulnerable.

El Gobierno español también mantiene las compensaciones a los propietarios y recuerda que la semana pasada dotó con 300 millones de euros el sistema de avales.