Vecinos de Mont-roig se quedarán sin agua si no pagan el alta antes del día 31

Vecinos de la urbanización Via Marina de Mont-roig del Camp se quedarán sin suministro de agua si no tramitan el alta antes del 31 de diciembre. Aseguran que el Ayuntamiento se ha apropiado de los servicios que ellos mismos pusieron en marcha hace años. Y se sienten engañados por el anterior presidente de la junta de la Entitat Urbanística Col·laboradora (EUC) Via Marina «que, sin consultarnos nada, traspasó la gestión del agua a la empresa municipal Nostraigua alegando problemas de salubridad que nunca se han podido demostrar. No hemos visto ningún documento que lo acredite», explican.

«Nosotros nos encargamos de las obras de los pozos. Realizamos la inversión con nuestro dinero y gestionamos el suministro durante mucho tiempo. Ahora quieren que abonemos casi 400 euros para darnos de alta. Y es injusto pagar cuando las obras las costeamos nosotros», lamenta Isabel Marzal, una de las vecinas afectadas. Insiste en que, «por supuesto», pagarían las facturas correspondientes al consumo. Pero no el alta. «Nos toman el pelo», lamentan. Recuerdan que primero había un pozo con capacidad de 25.000 litros la hora, pero tuvieron que construir otro de 45.000 para asumir el aumento de consumo que hay en verano.

Nostraigua les ha enviado una carta con un ultimátum, donde recuerda que la junta de gobierno local del 21 de agosto de 2013 acordó asumir y tutelar el servicio de aprovisionamiento de agua potable y alcantarillado de aguas residuales de Via Marina a partir del 1 de octubre del mismo año. El texto subraya que ya entonces se instaba a todos los propietarios a abonarse al servicio de aguas municipal y recuerda, dirigiéndose al abonado, que dos años después «Nostraigua no tiene constancia de que se hayan realizado los trámites para regularizar el suministro de agua potable y, por lo tanto, aún no dispone de la condición de abonado». Por ello informan que los que no lo hayan tramitado tienen plazo hasta el 31 de diciembre para darse de alta.

Los vecinos no quieren ceder. Joan Saladie, presidente de la junta directiva de Via Marina, recuerda que las obras de los pozos les costaron más de 400.000 euros. «Ahora quieren 80.000 euros adicionales –somos 220 viviendas– porque sí, por nuestra buena fe», dice. «Queremos que no nos reclamen el alta y que al menos nos indemnicen por lo que hemos pagado en todos estos años», insiste Saladie. Han pedido una reunión urgente con el alcalde que, según apunta el consistorio, está prevista para el 21 de diciembre.

Algún propietario critica, además, que incluso le han cambiado el contador sin permiso. «Yo no firmé mada. Y lo hicieron igual», lamenta Clementina Ciriquián.

Han remitido su queja al Síndic de Greuges de Catalunya un escrito donde relatan su versión y aseguran que «no ha habido nunca ningún problema de salubridad que justifique la cesión, sino un interés económico por parte del consistorio de apropiarse los pozos y las instalaciones construidas y pagadas íntegramente». Hace un par de años llevaron el tema ante la justicia.

Los propietarios aseguran que el consistorio recepcionó los servicios de la urbanización en 1989 pero no lo hizo efectivo hasta hace poco. «Hemos destinado 90.000€ cada año a conceptos de mantenimiento y servicios. Esto supone cerca de dos millones, y hemos hecho una reclamación patrimonial por doble imposición en todo este tiempo», dicen, asegurando que pagan el alumbrado público cuando debería hacerlo el Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, señala que en marzo de 2014 la junta de gobierno acordó hacerse cargo de toda la urbanización, a petición de la entidad.

Requerimientos del ACA

El Ayuntamiento recuerda que la anterior junta directiva de Via Marina pidió el cambio de gestión porque «no facturaban según los requerimientos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y tenían miedo de clorar el agua de forma inadecuada». Tras aprobarse en asamblea y realizarse el trámite, en septiembre de 2013, varios vecinos a nivel particular presentaron recursos de alzada al Ayuntamiento contra los acuerdos de la asamblea general del 10 de agosto. La junta de gobierno local acordó desestimarlos en noviembre del mismo año. Y los afectados interpusieron un recurso contencioso en el juzgado contra el acuerdo de asumir los servicios y contra el de desestimar el recurso de alzada. Los vecinos pidieron paralizarlos y el juzgado lo denegó, alegando que no procedía. «No le obligó a frenar el trámite. Si asumir la gestión por parte del consistorio no fuera correcto o adecuado, el juzgado lo habría paralizado», insisten fuentes municipales. Está pendiente de sentencia, en manos del juzgado contencioso número 2 de Tarragona.

El consistorio se encarga del servicio desde 2013, y dice que «el 75% de los vecinos han hecho los trámites y están dados de alta. El resto han seguido haciendo uso sin haberlo tramitado, por lo tanto, sin pagar las facturas ». Y añade: «Se genera un agravio comparativo con los que han hecho los trámites».

El Ayuntamiento añade que los pozos y depósitos ya eran propiedad municipal anteriormente. Y que fue el promotor quien hizo las cesiones en los noventa, cuando se creó la entidad de conservación de la urbanización.