El conflicto de la estación de Cambrils suma un nuevo capítulo

E l derribo de la antigua estación de tren de Cambrils sigue trayendo cola. No hay pleno en el que no aparezca el tema estrella del gobierno liderado por Oliver Klein, que cuando presentó la moción de censura ya anunció que el edificio iba al suelo. Toda una declaración de intenciones que se materializó el pasado abril, cuando por sorpresa se derribó el histórico inmueble.

Aunque ya no exista edificio y recientemente se presentara el proyecto de adecuación del entorno que conectará las avenidas de Josep Vidal i Barraquer y Horta de Santa Maria, la oposición sigue denunciando las irregularidades detectadas en todo este asunto. El primero de ellos, el coste de la demolición: 42.000 euros costeados con dinero público. Ayer, en la sesión plenaria, ERC presentó una moción para reclamar a ADIF este importe. La portavoz del partido, Camí Mendoza, pidió al gobierno local que exigiera a la entidad pública este coste puesto que era su obligación derribar el edificio y no del consistorio.

Junts apoyó la petición de ERC. «Cuando se devuelve una expropiación, estás obligado a dejar el terreno como lo encontraste en su día, pero el gobierno actual, en una decisión sin sentido, decidió de forma unánime que este derribo lo pagáramos toda la población de Cambrils», dijo el portavoz, Lluís Abella.

Una postura totalmente contraria a la del gobierno, que volvió a defender su decisión. El alcalde apuntó que era un «episodio ya pasado» y anunció que en unas semanas se reunirá con los responsables de Adif para tratar precisamente el tema de la urbanización –actualmente no se tiene la cesión para adecuar la zona- y la apertura de nuevos pasos provisionales. Ante el rechazo del gobierno, Mendoza recordó que el NMC aseguró en su programa electoral de 2019 mantener el edificio -«lo que hoy es blanco, mañana es negro», manifestó la edil- y comunicó que usarían las «herramientas» legales para averiguar cómo se hizo esta acción y conseguir que se devuelvan los 42.000 euros.

Referente a la adecuación del entorno de la antigua estación, el gobierno aprobó una modificación de crédito por valor de 2.135.000 euros, con una partida de 300.000 euros para la obra que fue cuestionada por tratarse de un suelo titularidad de Adif. «¿Han adquirido el terreno? ¿Se lo expropiarán? ¿O es que ya empiezan a vender humo electoral?», preguntó Abella.

«Cuadrar el presupuesto»

El concejal de Hisenda, David Chatelain, expuso las cifras más significativas de esta modificación, como los 991.000 euros para liquidar de forma definitiva el Fondo de Liquidez a proveedores que se concedió en 2012 y permitió pagar más de 12 millones que se debían en ese momento. Otras cifras son los 50.000 euros para impulsar la transformación del polígono PA6, para dotar el municipio de vivienda protegida; 45.000 euros para la tarificación social; 40.000 euros para el plan local de vivienda o 20.000 euros para ayudar a los refugiados ucranianos. Otras partidas están relacionadas con las reformas del espacio provisional para las entidades y del Juzgado de Paz; la mejora del mobiliario urbano o 30.000 euros para contratar a una empresa para que ayude a conseguir subvenciones, especialmente las relacionadas con el fondo Next Generation.

Tras la explicación, la oposición apuntó que esta modificación volvía a servir para «cuadrar el presupuesto» porque se estaban incluyendo partidas que en su momento ya avisaron de que no estaban contempladas en el documento económico. Lluís Abella lamentó que se había eliminado la partida de 300.000 euros destinada a la nave para la brigada municipal –Chatelain dijo que está previsto ejecutar el proyecto en el próximo mandato- y que de rebote afectaba a las entidades, puesto que está previsto que cuando la brigada abandone la sede actual, en la plaza del Setge, esta se convierta en el espacio de las asociaciones festivas. También echó en falta más inversiones en playas o carreteras.

Por su parte, Camí Mendoza afirmó estar «decepcionada» porque no veía un proyecto específico ni ideas del gobierno. «En el supuesto que estas reglas fiscales no se hubieran suspendido, ¿cómo habrían cuadrado el presupuesto?», preguntó la republicana, que manifestó de las 50 partidas incorporadas en este punto, ocho eran voluntad del gobierno y el resto eran técnicas. «En la aprobación del presupuesto les dijimos que el tiempo nos daría la razón. Nuestras peticiones, casi al 90%, están incluidas en las modificaciones. Van tarde y mal», opinó.