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Cautela, satisfacción y temor. Los agentes económicos de la provincia de Tarragona se mueven entre esos tres calificativos para definir sus sensaciones ante el giro que ha dado BCN World. Tienen dudas, igual que buena parte de la ciudadanía, pero son reacios a pensar que el proyecto ha dado un paso atrás. Confían en que el ‘rescate’ de la Generalitat garantice su ejecución tras la renuncia de Veremonte a comprar los terrenos. Son optimistas pero también prudentes. La situación se puede revertir en cualquier momento: para bien o para mal. ¿Se acabará materializando o no?
Para Antoni Belmonte, presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), la retirada de Veremonte es «un jarro de agua fría»: «Sospecho que este cambio supondrá por lo menos otro año de retraso para el proyecto. El Govern se ha puesto al frente porque desde el principio ha estado en primera línea y ahora no se puede echar atrás. Veremonte había hecho un trabajo extraordinario, ha dado la vuelta al mundo buscando inversores. Si el Govern mantiene el interés de estas empresas, estupendo; pero si tiene que empezar de cero será muy complicado».
Su homólogo en la patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Catalunya (Pimec) en Tarragona, Josep-Joaquim Sendra, se muestra más complaciente: «Que la Generalitat gestione los terrenos no es una mala noticia. No creo que pare ni ralentice el proyecto. El plan director urbanístico sigue adelante como cualquier trámite de este tipo. Si todo va rodado estará listo en julio, como preveía el Govern».
Albert Abelló, presidente de la Cambra de Comerç de Tarragona, discrepa ligeramente: «La Generalitat debería traspasar cuanto antes la gestión de los terrenos a una empresa privada, si no, su construcción se puede demorar todavía más». Asegura que entiende la decisión tomada por Veremonte («comprar sin conocer los parámetros del plan director urbanístico es un riesgo») y reclama que las empresas que se impliquen en BCN World «sean solventes y respondan a los intereses de nuestra comarcas».
En esta línea, Eduard Farriol, presidente de la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, afirma que la renuncia de Veremonte era algo que «se presentía en los últimos meses», y destaca que la intervención de la Generalitat «no nos parece mal siempre que haga las cosas de manera ordenada y con sensatez. Creo que garantiza el proyecto más que antes».
Los sindicatos son más críticos. «Si nos remontamos al inicio del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca y Salou, hubo expropiaciones a particulares con la excusa de que allí se iba a crear un entramado productivo. La Caixa fue uno de los compradores, pero en veinte años no ha hecho nada. Esto es una estafa. ¿Por qué no le expropia el Govern los terrenos amparándose en el interés general? La Generalitat va a hacer de inmobiliaria de La Caixa, buscándole compradores para que obtenga un beneficio con una operación meramente especulativa», señala Jordi Salvador, secretario general de UGTen Tarragona.
Jaume Pros, secretario general de CCOO en Tarragona, insiste en que «sigue faltando información del proyecto y se muestra prudente: «La Generalitat dice que todo va bien». No obstante, matiza que «somos partidarios de otro tipo de inversiones, pero de momento esto es lo que hay. Si se acaba haciendo, lucharemos para que las condiciones laborales de los trabajadores sean las correctas».
