El impacto de una posible moratoria nuclear en España: de Extremadura a Catalunya

En España, la posible moratoria al calendario previsto para el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 podría afectar especialmente a cuatro comunidades autónomas: Catalunya, Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha. Actualmente, el país cuenta con siete reactores operativos distribuidos en cinco centrales nucleares ubicadas en estas regiones.

Catalunya concentra la mayor parte de la capacidad nuclear con tres reactores en las centrales de Ascó I y II, y Vandellòs II, todos situados en la provincia de Tarragona. La energía nuclear representa más de la mitad de la producción eléctrica en esta comunidad, siendo la principal fuente de electricidad. Los cierres están programados para 2030, 2031 y 2035, respectivamente, y suman una potencia instalada total superior a los 3.100 megavatios.

Extremadura, con los dos reactores de la central de Almaraz en Cáceres, es la segunda comunidad más afectada. Con una potencia combinada de más de 2.000 megavatios, Almaraz cubre un porcentaje significativo de la demanda eléctrica nacional, generando un volumen equivalente al consumo de varios millones de hogares españoles. No obstante, la región solo consume una parte reducida de esta energía, exportando el resto a otras zonas del país.

En la Comunidad Valenciana, la central de Cofrentes, la mayor de España en potencia instalada, proporciona casi la mitad de la electricidad consumida en la región, con un cierre previsto para 2030. Por su parte, Castilla-La Mancha alberga la central de Trillo, con un cierre previsto para 2035, y también exporta una parte importante de su producción, complementada con energías renovables.

La cuestión del futuro nuclear ha generado tensiones políticas, especialmente en Cataluña, donde el cierre de estas instalaciones afecta directamente a la economía y al suministro energético. Recientemente, el Parlamento debatió una proposición para prolongar la vida de las centrales nucleares, impulsada por el Partido Popular, que contó con el apoyo de Vox y la abstención decisiva de Junts, partido aliado del Gobierno en Cataluña. Esta postura provocó un roce político con el Ejecutivo central, que ha marcado condiciones estrictas para cualquier posible moratoria.

El Gobierno ha establecido tres requisitos clave para considerar la extensión de la vida útil de las centrales: garantizar la seguridad de las personas, asegurar la estabilidad del suministro eléctrico y evitar un aumento del coste para los consumidores. Aunque algunas compañías eléctricas han solicitado formalmente esta moratoria, hasta ahora no se ha abierto una negociación oficial, y el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una posición cautelosa.

En Extremadura, el PSOE local ha mostrado mayor disposición a apoyar la prórroga de Almaraz, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y viabilidad. La discusión sobre la energía nuclear en España sigue siendo un tema central en el debate sobre la transición energética, la autonomía regional y la seguridad del sistema eléctrico nacional.