Fiscalidad
Retraso de Verifactu a 2027: ATA respira aliviada y UPTA habla de “despropósito”
El Gobierno aplaza un año la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas para empresas y autónomos, una prórroga que ATA celebra como un respiro para el colectivo mientras UPTA denuncia que el cambio de criterio “genera desconfianza”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última sesión de control al Gobierno.
La asociación de autónomos ATA ha recibido con "alivio" el retraso de la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu, una medida que UPTA considera un "despropósito". El Gobierno ha aprobado este martes un aplazamiento de un año para las nuevas obligaciones del régimen Verifactu para empresas y autónomos, que se retrasan al 1 de enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio de ese año para el resto.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha recibido con "alivio" la noticia porque la entrada en vigor de Verifactu "estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos". "Los autónomos pueden respirar más tranquilos no empezando el año con más cargas", ha añadido, al tiempo que ha agradecido a Junts la "presión" que ha facilitado el retraso.
En cambio, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha tachado el retraso de "despropósito" porque "estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza" y el colectivo está "harto". Abad ha añadido que "el Verifactu no va a ser capaz de luchar contra el fraude" porque no supone ningún control sobre las facturas no emitidas.
Para cumplir con el nuevo sistema, empresas y profesionales tendrán que adaptar sus sistemas informáticos de facturación para que generen un registro de cada factura que no pueda modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Esta medida se ha incluido en un real decreto ley que recoge varios compromisos pendientes del Gobierno con Junts, una norma que tendrá que ser convalidada en el Congreso.