Las empresas se relajan tras el aplazamiento de Verifactu hasta 2027

Alivio generalizado. También relajación. Los primeros efectos en la prórroga de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu -previsto para el 1 de enero de 2026, que ahora no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto- ya se han hecho notar.

Bastaron horas, desde el anuncio del pasado 2 de diciembre, para pasar de las prisas a la parsimonia. De ser la primera de las urgencias a guardarse en un cajón. El 3 de diciembre, apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el real decreto ley con la prórroga, en L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) se celebraba una de las innumerables jornadas informativas sobre el nuevo sistema Verifactu que, con especial intensidad desde septiembre, convocan las organizaciones empresariales. En este caso, la Cambra de Reus.

En las últimas semanas, el interés por asistir a estas jornadas era grande, y a menudo los aforos quedaban cortos ante el importante colectivo de afectados que ni siquiera tenía información de lo que les esperaba a partir del 1 de enero. O con información parcial, donde sobresalía la posibilidad de recibir sanciones de 50.000 euros si no habían adoptado Verifactu.

La jornada informativa del 3 de diciembre contaba con 80 inscritos, y no se descartaba que pudiesen aparecer más en el último momento. Se presentaron menos de la mitad, apenas 30 personas. El resto, con un peso notable del pequeño comercio, decidió dedicar su tiempo a otras ocupaciones, como preparar una campaña de Navidad en la que se juegan buena parte de su facturación anual. Hay alivio. Pero la duda ahora es si ese alivio implica una relajación que nos lleve, en un año, a estar en la misma casilla, con prisas de última hora para adaptarse a los nuevos requerimientos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Desde la patronal Pimec, una de las organizaciones empresariales que más se ha volcado en esta tarea de información, consideran muy necesaria la prórroga, porque la situación era alarmante. En septiembre, su Observatori de la pime mostró que un 74% de las empresas y profesionales que debían adaptarse al nuevo sistema todavía no lo había hecho. De ellos, apenas un 7% estaba en vías de adaptación.

Comercios dispuestos a cerrar

"Cuando vimos estos datos tan alarmantes -explica Mónica Gregori, presidenta de Pimec Comerç- nos reunimos con los partidos políticos para abordar un plan de choque. Realmente, entre las empresas se veía mucho desconocimiento y miedo, con empresas y autónomos dispuestos a adelantar la jubilación y cerrar la persiana el 31 de diciembre porque esto les superaba".

"Se trata de un cambio suficientemente profundo y significativo como para hacerlo con calma. Pero también sería bueno que las empresas y autónomos que han hecho los deberes tengan un premio", prosigue Gregori. "Ahora -añade- todo el mundo está preparando la campaña de Navidad, no están para cambiar el sistema informático. Hay que hacer pruebas de estrés, con acompañamiento técnico y legal, donde se incluyan ayudas directas para software y hardware, no con agentes digitalizadores".

"La medida -valora Gregori- facilitará a las pymes del sector una mejor transición digital, y que esta no se haga de manera precipitada ni desconectada de la situación cotidiana del comercio local, formado mayoritariamente por microempresas y profesionales autónomos con recursos humanos y económicos limitados".

Gregori explica que era necesario que este cambio se haga "de manera gradual y flexible", ya que la adaptación al nuevo sistema requiere "tiempo, formación e inversión, y solo así se podrá garantizar que todas las empresas lleguen en condiciones de igualdad y sin poner en riesgo la actividad diaria del comercio de proximidad".

Pero alerta: "No por tener una moratoria nos tenemos que dormir. Es importante la digitalización, pero debe hacerse con acompañamiento, no con una imposición y el miedo en el cuerpo, con la amenaza de sanciones de 50.000 euros sin marcar dimensión, facturación ni nada, de forma totalmente desproporcionada".

Comunicación mejorable

Desde la Cambra de Reus, su director gerente y secretario general, Jaume Llosas, valora esta moratoria como "un balón al que le han dado una patada y ha ido un poco más lejos", tras lo que plantea la posibilidad de que "nos volvamos a encontrar en noviembre del año que viene en la misma situación".

"He presenciado ya las primeras reacciones [a la prórroga], con personas que habían tomado la decisión de adaptarse y que preguntan ahora a los proveedores tecnológicos si podían echarse atrás. Esta relajación se ve, incluso con compromisos y ventas que se habían firmado".

Para evitar llegar a diciembre de 2026 en la misma situación que hoy, Jaume Llosas plantea diversas acciones, que en su opinión deberían haberse llevado a cabo ya desde que se fijó la fecha de entrada en vigor de este cambio.

La primera reflexión es si tenía sentido posponer un año todo, o hubiese sido más conveniente establecer una moratoria en las sanciones de la Agencia Tributaria. Con advertencias, pero sin sanción. "Yo hubiese apostado por esta medida", defiende Llosas, que añade que "también he echado a faltar que, siendo un tema de un alcance importantísimo, no hubiese una campaña de comunicación masiva que se podía haber estado haciendo desde el año pasado, reforzado con un mailing personalizado".

José María Mollinedo, secretario general de la organización de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, valora la idea de abrir un periodo de advertencias sin sanción, en lugar de simplemente correr un año el calendario, sin acciones distintas a las que ya se han hecho hasta ahora. "Podría ser una fórmula idónea", reconoce.

"Como alternativa, nos parece lo más idóneo. No todo el mundo iba a estar adaptado, y es importante el boca a oreja. Hay muchas prácticas ya en esta línea, como los avisos en la declaración de la Renta donde, por ejemplo, si no se ha incluido el plan Moves se le comunica al contribuyente para que lo corrija, pero sin expediente de sanción".

Mollinedo coincide también en que la comunicación era mejorable. "Harán falta campañas más directas, con comunicaciones a los autónomos, y esa labor informativa sugeriremos que la hagan [desde la Agencia Tributaria]". Sin cambios, "tal y como se ha hecho, en tres semanas Verifactu estará en el cajón del recuerdo; en tres meses, en el del olvido; y en septiembre volveremos a correr".