Bruselas pide eliminar el tope a la energía nuclear y a las renovables

La estabilización de los precios de la energía hace que ya no sean necesarias las medidas de intervención del mercado eléctrico, como el límite de ingresos de 180 euros por megavatio hora (MWh) impuesto a las energías inframarginales (nuclear y renovables) en septiembre del año pasado. Así lo defiende la Comisión Europea en un informe publicado ayer martes, en el que pide retirar ese tope a los beneficios, que se activó para hacer frente a la crisis energética que desató la guerra en Ucrania.

Bruselas reconoce que las medidas temporales puestas en marcha durante el último año «han contribuido a calmar los precios de la energía de forma considerable». Sin embargo, el informe ve «poco probable» que los costes energéticos vuelvan a dispararse de cara al próximo invierno. Es por ello que considera que el actual límite de ingresos a las inframarginales «no compensaría el impacto sobre la seguridad de los inversores y los riesgos para el funcionamiento del mercado y la transición».

La aplicación de este tope «varía mucho» entre los Estados miembros, tanto en el techo fijado como en su aplicación temporal –con un tope en 67 euros/MWh en el caso de España, por ejemplo– lo que según el informe de la Comisión Europea ha provocado «gran incertidumbre entre los inversores». De hecho, en algunos países europeos, la aplicación de ese techo ha afectado a los acuerdos de compra de energía a largo plazo. En el caso de España, la medida estará en vigor hasta finales de este mes.

El análisis de Bruselas, elaborado a través de una consulta pública, muestra también una reducción del consumo de electricidad en los países europeos del 5% en las horas pico, aquellas en las que entran en funcionamiento las centrales de ciclo combinado (gas).

Dadas las circunstancias actuales, cuando el coste de la energía no supera los 80 euros/MWh y no se observan picos de precios, el Ejecutivo comunitario tampoco ve la necesidad de prorrogar las medidas de emergencia activadas, como la reducción de demanda eléctrica de los Estados miembros a través de campañas de concienciación y mecanismos de reducción del consumo. Con todo, considera que son medidas «importantes para el buen funcionamiento del mercado eléctrico», y, por ello, Bruselas ha introducido ciertos elementos de forma estructural en su propuesta para la reforma del mercado eléctrico, que espera adoptar antes de que concluya 2023.

Así, también permitirá a los Estados intervenir temporalmente en los mercados minoristas fijando un precio inferior a los costes para hogares y pymes ante posibles situaciones de crisis futuras.