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Hacía tiempo que la junta de accionistas de un banco no resultaba tan prolija en críticas hacia la dirección de una entidad a cuenta del ajuste laboral, por un lado, y del salario de los consejeros, por otro. La que celebró ayer CaixaBank unió ambas reivindicaciones en una buena parte de las intervenciones de los accionistas -muchos representantes sindicales- que conminaron al grupo a relajar el ERE planteado sobre casi 8.000 personas.
El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, insistió, sin embargo, en la necesidad de acometer este ajuste de la plantilla e instó a hacerlo de forma rápida. «Soy consciente que son momentos delicados y que esta situación genera incertidumbre para las personas de nuestro equipo, por lo que debemos acotar el tiempo», apuntó en su intervención en el Palacio de Congresos de Valencia, sede social de la compañía.
Goirigolzarri se mostró «convencido» de que van a alcanzar acuerdos con los sindicatos en el marco del proceso de reestructuración de la entidad y cuyas negociaciones ya se encuentran en marcha y deberían estar finalizadas antes de que termine junio. Defendió además que las remuneraciones del banco se sitúan en niveles inferiores a la media de otras entidades en España.
Entre todas las miradas pendientes de la junta de accionistas de ayer se encontraba la del Estado, con un sillón en el consejo de administración del grupo a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), de titularidad estatal. Sobre todo después de que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, haya requerido formalmente tanto a CaixaBank como a BBVA que sean «estrictamente rigurosos» con las formalidades del periodo de consultas de sus respectivos ERE.
Finalmente, el FROB votó en contra de la propuesta de remuneración para el consejo de administración de CaixaBank en la junta de accionistas.
Trabajo insiste que el ERE «debe ajustarse a una serie de condiciones de forma y de fondo», dado que «la intención empresarial comunicada presenta elementos de especial gravedad y trascendencia, tanto por el impacto que tiene sobre el empleo, como, en particular, por sus efectos sobre los trabajadores, sobre los que eventualmente resulten afectadas por el despido y también sobre aquellos que no lo sean». Comisiones Obreras aplaudió que el Gobierno se haya implicado en estos ERE de las grandes entidades.
La misiva fue remitida después de las críticas de buena parte del Ejecutivo a estos procesos laborales, sobre todo en el caso de CaixaBank, donde participa el propio Estado. Ayer mismo, y mientras tenía lugar la junta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advertía a la banca de que «no son tiempos de despidos». Recordó que la reforma laboral del PP «eliminó del Estatuto de Trabajadores la autorización administrativa que había respecto a los despidos colectivos». «Y, por tanto, no tenemos posibilidad legal de actuar sobre los despidos colectivos», reconoció.
