Pedro Sánchez hará este lunes balance de final de curso, marcado por el 'caso Cerdán'

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hará este lunes la tradicional comparecencia de balance de final de curso, el último acto público antes de marcharse a Mallorca para reunirse con el rey y comenzar las vacaciones. La cita llega en un momento marcado por los casos de presunta corrupción que han sacudido tanto al PSOE como al PP. En el caso de los socialistas, la detención del exsecretario de Organización Santos Cerdán provocó un fuerte impacto que duró hasta que comenzaron a revelarse informaciones sobre el exministro popular Cristóbal Montoro. Sánchez también cierra un período marcado por la negociación constante con sus socios y la presión de la oposición, que reclama elecciones para otoño, mientras él se esfuerza por proyectar un optimismo respaldado por los datos económicos.

Aunque el presidente asegura que no habrá elecciones y que se siente “fuerte”, la recta final del curso ha puesto a prueba la solidez del Gobierno español y la estabilidad del llamado “bloque de investidura” ante el ‘caso Cerdán’. De hecho, la difusión del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el exdirigente socialista elevó al máximo la presión sobre el PSOE, que llevaba meses afectado por las investigaciones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos (ahora diputado en el grupo mixto) y su exasesor Koldo García.

Cuando se hicieron públicas las pesquisas sobre Cerdán —que incluían audios en los que, aparentemente, se le escuchaba hablar con Ábalos y García sobre prostitución y supuestas comisiones—, el PSOE reaccionó con rapidez y precipitó su expulsión. Todo ello, después de que, una semana antes, agentes de paisano de la Policía accedieran a la sede de Ferraz para volcar información, en una jornada de gran presión mediática.

Sánchez intentó cerrar la herida abierta por Cerdán anunciando medidas de renovación interna en el partido —como auditorías y una dirección más coral y femenina— y reactivando el plan estatal de regeneración democrática. Aun así, la respuesta del PSOE fue criticada por Sumar y los socios de investidura, que la consideraron tibia, y exigieron medidas más contundentes, como eliminar los aforamientos políticos y actuar contra las empresas “corruptoras” que alimentan las tramas de sobornos.

Durante semanas, medios y oposición presionaron también al presidente español para que presentara una cuestión de confianza que pusiera a prueba el apoyo de la mayoría que lo eligió. Desde la derecha, se pidió repetidamente a Alberto Núñez Feijóo que diera un paso adelante y presentara una moción de censura, algo que el líder del PP descartó al comprobar —tras una fallida ronda de contactos de Miguel Tellado con los socios de Sánchez— que no tenía los apoyos suficientes para sacarla adelante.

Finalmente, tras semanas de dilación, el presidente compareció en el Congreso en una sesión en la que dio explicaciones durante horas sobre el ‘caso Cerdán’ y admitió que se había planteado “tirar la toalla”. Esa comparecencia evidenció el desencanto de los socios —que advertían de que el margen del Gobierno se reducía a gran velocidad o “entraba en la UCI”— y la decisión del PP de intensificar sus críticas al presidente. De hecho, Feijóo llegó a decir en sede parlamentaria que Sánchez se había lucrado del “abominable negocio de la prostitución” por el pasado de su familia política en el negocio de las saunas.

El ‘caso Montoro’

Con todo, y cuando parecía que la presión sobre el Gobierno alcanzaba su punto máximo, el goteo de revelaciones sobre Cerdán y su entorno empezó a disminuir y las imágenes de las “cacerías de migrantes” alentadas por la extrema derecha en Torre Pacheco (Murcia) reactivaron la unidad de los socios. Todo ello, mientras PP y Vox recurrían a discursos que vinculaban migración y delincuencia y hablaban abiertamente de expulsiones masivas de extranjeros.

El cambio de foco se completó cuando, el 16 de junio, el juzgado número 2 de Tarragona levantó el secreto de sumario sobre una causa que investigaba a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy, por los delitos de soborno, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. La causa, que se instruía desde 2018, investiga si grandes empresas recurrieron a un despacho fundado por el exdirigente popular (Equipo Económico) para lograr cambios legislativos que les beneficiaran fiscalmente. La trama también afectaba a varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, que fueron destituidos poco después.

En pleno debate sobre la corrupción, las informaciones sobre el ya conocido como ‘caso Montoro’ desviaron la atención hacia el PP, justo cuando Núñez Feijóo había elevado mucho el nivel de exigencia en esta materia. Los populares han pedido que las investigaciones lleguen hasta el final, pero han acusado al Gobierno de utilizar las imputaciones al exministro para “empatar” en corrupción y generar una “cortina de humo” que desvíe el foco de la cadena de causas judiciales que, además de Cerdán, también afectan a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, y al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pactos y tensión con los socios

Más allá del renovado debate sobre la corrupción que afecta a los dos grandes partidos españoles, el curso que cerrará Sánchez esta semana ha estado marcado por el constante tira y afloja con los socios que permitieron su investidura. Desde Sumar hasta el PNV, pasando por ERC, Junts o el BNG, todos denuncian la lentitud del PSOE a la hora de cumplir sus compromisos. Esto afecta a cuestiones tan diversas como la reforma de la financiación autonómica, el aumento del autogobierno en el País Vasco, la defensa del catalán en las instituciones europeas o la delegación a la Generalitat de las competencias en migración. En lo que sí se han cumplido los plazos ha sido con la ley de amnistía, validada por el Tribunal Constitucional este mes de junio.

Durante el curso, Sánchez y sus socios han cerrado importantes acuerdos en todo tipo de materias, pero las quejas sobre su grado de aplicación han sido una constante, lo que ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tenido reiterados problemas para aprobar sus medidas en el Congreso. De hecho, el Ejecutivo ha tenido que aplazar iniciativas que quería tener encarriladas antes del verano, como la ‘ley Bolaños’ de reforma de la justicia o la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz.

Gasto militar, DANA y apagón

El debate sobre el gasto militar ha sido otra constante del curso que ahora finaliza, marcado nuevamente por la guerra en Ucrania y el genocidio israelí en Palestina. En este contexto, Sánchez ha presentado un plan de 10.000 millones para reforzar las fuerzas armadas, en línea con las exigencias de la Comisión Europea. Paralelamente, también se ha plantado ante la OTAN, que exigía un aumento de la inversión en defensa hasta el 5% del PIB, objetivo que el Gobierno español esquivó en la cumbre de La Haya, provocando un choque directo con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El curso que Sánchez cierra este lunes también ha estado marcado por dos sucesos: la DANA que devastó la Comunidad Valenciana en octubre y el apagón que dejó sin luz a España el pasado 28 de abril. En ambos casos, la gestión de las crisis ha provocado una cascada de reproches entre el Gobierno y el PP. En cuanto a las riadas, por la decisión del Ejecutivo de no liderar la respuesta decretando un estado de emergencia, a pesar de que los muertos se contaban por centenares. En el caso del apagón, por las insinuaciones de la oposición de que podría haberse evitado y que fue causado por las renovables que impulsa el Ejecutivo.

A pesar de la acumulación de polémicas, el Gobierno español intenta proyectar una imagen de optimismo sustentada en los buenos datos de crecimiento del PIB y del mercado laboral. Todo ello, en un ámbito, el económico, sacudido este año por la opa del BBVA al Banco Sabadell, que el Estado ha intentado frenar imponiendo nuevas condiciones a la entidad vasca, y por la guerra arancelaria con Estados Unidos, asunto en el que la oposición ha quedado dividida entre el PP y Vox por sus diferentes visiones sobre el nuevo proteccionismo de Donald Trump.