Política
El Gobierno y las comunidades abren la negociación del nuevo sistema de financiación
Los territorios gobernados por el PP se oponen a la fórmula negociada con ERC, pero no han planteado una propuesta alternativa
La vicepresidenta María Jesús Montero y varios consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles
El Gobierno español y las comunidades autónomas del régimen común —todas excepto el País Vasco y Navarra— se reunirán este miércoles en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2026. El encuentro, presidido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, activará la maquinaria que debe desembocar en la aprobación de un nuevo modelo de financiación, ya que el actual está caducado desde 2014. El punto de partida es la propuesta negociada entre el Ejecutivo y ERC, un mecanismo que hace compatible la “singularidad” de Catalunya y la solidaridad con el resto de territorios. El PP ya ha mostrado su oposición frontal a lo que consideran un “cupo independentista”, pero no ha planteado ninguna propuesta alternativa.
Desde el Gobierno español destacan que el acuerdo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificaron la semana pasada en una reunión en La Moncloa cumple el compromiso asumido por Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Barcelona de dotar a todas las comunidades autónomas de más recursos. “No es un traje a medida ni un privilegio para Catalunya”, apuntaban hace unos días fuentes del Ejecutivo. Además, subrayaban que se destinarían más fondos al conjunto de las comunidades y se avanzaría en la distribución territorial de impuestos como el IVA o el IRPF.
Aprobación antes del verano
Una vez superada la reunión del CPFF, en la que Montero debe explicar la propuesta a las comunidades —la mayoría gobernadas por el PP—, el siguiente paso será aprobar el nuevo modelo en el seno del Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica. Después, deberán recabarse todos los informes pertinentes de organismos como el Consejo de Estado y llevar la propuesta al Congreso ya en forma de ley orgánica de reforma de la LOFCA, la ley orgánica de financiación de las comunidades.
En el Congreso, el Gobierno español se encontrará previsiblemente con el ‘no’ de PP y Vox y con la reticencia de Junts, que ya ha avanzado que no apoyará ningún modelo que no suponga un concierto económico completo. También otros socios, como el BNG, han mostrado su distancia con la propuesta pactada con Junqueras. Pese a este horizonte incierto, desde el equipo de Montero mantienen su voluntad de alcanzar un consenso y lograr que el sistema esté aprobado antes del verano.
Las cifras
Una de las claves del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno español es el aumento de la capacidad de gestión por parte de las comunidades autónomas en impuestos como el IRPF, hasta el 56,5%, y el IVA, hasta el 56,5%. Entre los cambios más destacados también figuran modificaciones en los criterios de población ajustada y en los mecanismos de compensación entre territorios. La ministra Montero explicó que, si entra en vigor en 2027, ello supondrá 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas, de los cuales 4.686 millones serían para Catalumya, el 22,3% del total.
Oposición del PP
En los últimos días, las comunidades del PP han ido reiterando sus posiciones hostiles al modelo de financiación. Desde la Comunidad de Madrid han afirmado que la propuesta negociada con ERC busca pagar “la fiesta independentista” y dejará a sus ciudadanos con “la mitad de los recursos que tienen los catalanes”. Otros territorios gobernados por el PP, como Aragón, consideran que la propuesta es una “imposición” del Gobierno español que “se ha pactado con un prófugo y un delincuente como Junqueras”.
Desde la dirección estatal de los populares resumían la semana pasada el modelo ofrecido por Montero como “una patada a la unidad de España”. El lunes, en un acto en Barcelona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, añadió que la propuesta era “inaceptable”, “una falta de respeto” y una “tomadura de pelo” a los catalanes. En esta línea, insistió en que la reforma del sistema debe pactarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no de forma bilateral entre el Ejecutivo español y los republicanos.
Desde el Gobierno español desconfían de la oposición del PP y critican que sus ejecutivos no hayan dibujado una propuesta alternativa de cara al Consejo. De hecho, la vicepresidenta Montero afirmó el viernes que las comunidades populares tienen posiciones dispares y que el PP “no tiene modelo”. “Feijóo no tiene suficiente liderazgo para poner una propuesta sobre la mesa”, aseveró. Con todo, el nuevo sistema también ha recibido críticas de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias. De hecho, el presidente manchego, Emiliano García-Page, afirmó que se trata de un “ataque grave” a la igualdad de los españoles.
Catalunya defenderá el modelo
Según el Gobierno español, el nuevo modelo “tiende a la ordinalidad” en el conjunto de los territorios y, en el caso de Catalunya, “garantiza” este principio, tal como reclamaba ERC. Además, la ministra Montero aseguró el viernes que la propuesta se adaptaría a las “singularidades” de todas las comunidades gracias al criterio de la población ajustada, un cálculo que tiene en cuenta elementos como el envejecimiento o la dispersión. Precisamente esta es la cuestión que defenderá la consejera de Economía, Alícia Romero, en un CPFF en el que prevé argumentar los beneficios del nuevo sistema para el conjunto de los territorios. En la misma línea, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha advertido de que sería “poco comprensible” que los representantes de las comunidades autónomas hicieran una “performance alejada de la seriedad”.
La Generalitat ha calculado que en Catalunya aplicar el nuevo modelo supondrá recibir 5.200 euros por habitante en términos de población ajustada. Se trata de unos 1.700 euros más que el modelo actual, que se sitúa en 3.408 euros. También permitiría aumentar un 12% el gasto no financiero no finalista y se resolvería “parcialmente la infrafinanciación de los últimos 13 años”.
Este miércoles también viajará a Madrid el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que por la tarde se reunirá con los sindicatos CCOO y UGT.