Política
¿En qué consiste la regularización de migrantes que aprobará el Gobierno?
Claves del acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos para la legalización extraordinaria de inmigrantes que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025
Migrantes llegados desde Canarias, en un hotel de Salou, en 2023
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 7 de enero de 2026 la tramitación de una regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida de alto voltaje político y social que no se adoptaba en España desde hace dos décadas.
El decreto, pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, aspira a dar respuesta a una realidad migratoria desbordada por los cambios geopolíticos, los conflictos armados y el impacto del cambio climático. Afectará, según las estimaciones del Ejecutivo, a más de 500.000 personas.
En qué consiste la regularización
El acuerdo habilita un proceso excepcional para que las personas extranjeras en situación irregular, así como solicitantes de asilo, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo si acreditan que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá a principios de abril y se cerrará el 30 de junio. Desde el momento en que la petición sea admitida a trámite, la persona solicitante podrá trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del país.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado que uno de los elementos centrales del acuerdo es la fijación de plazos administrativos estrictos. La admisión a trámite deberá resolverse en un máximo de 15 días y el reconocimiento definitivo no podrá demorarse más de tres meses.
“Reconoce, dignifica y da garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”, ha defendido Saiz, insistiendo en la necesidad de una administración “ágil, eficaz y garantista”.
El decreto establece además salvaguardas clave: la presentación de la solicitud suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos, incluida la de trabajar sin permiso.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, prorrogable posteriormente por las vías ordinarias de la ley de extranjería.
Entre los requisitos figura la acreditación de la permanencia en España mediante documentos como el padrón, informes médicos o sociales, contratos de alquiler o justificantes de envíos de dinero, así como la ausencia de antecedentes penales relevantes.
Los equilibrios políticos
La regularización es fruto de un acuerdo específico entre el Ejecutivo y Podemos, tras meses de presión social canalizada a través de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y un millar de organizaciones de muy distinto signo, desde entidades empresariales hasta colectivos religiosos.
Sin embargo, el Gobierno ha optado por la vía del real decreto para evitar una tramitación parlamentaria que habría chocado con la oposición frontal de Vox y, posiblemente, también del Partido Popular.
Saiz ha recordado que el PP votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa cuando se debatió en el Congreso y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mostró “sensible” a la situación de estas personas. Aun así, el decreto no requerirá convalidación parlamentaria, precisamente para sortear un escenario de bloqueo.
A cuántas personas afectará y qué consecuencias tendrá
El Ejecutivo calcula que la medida beneficiará a más de medio millón de personas, en un país donde los extranjeros ya representan alrededor del 14% de los afiliados a la Seguridad Social.
Para el Gobierno, este dato refuerza el argumento de que la inmigración tiene un “impacto real positivo” tanto social como económicamente, al contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones y a sectores productivos con escasez de mano de obra.
Más allá del efecto inmediato sobre los derechos individuales —acceso al empleo legal, a la sanidad y a una mayor estabilidad vital—, la regularización tendrá consecuencias estructurales. Permitirá aflorar trabajo sumergido, aumentar la recaudación y dotar de mayor coherencia a la política migratoria, al adaptar la normativa a una realidad ya existente.
Al mismo tiempo, el decreto reabre un debate político de fondo sobre el modelo de gestión migratoria y la capacidad del Estado para combinar control, integración y garantías de derechos en un contexto internacional cada vez más inestable.
La aprobación del decreto marcará un punto de inflexión. No solo por el número de personas afectadas, sino porque sitúa de nuevo la regularización extraordinaria en el centro de la agenda política, como herramienta excepcional para responder a una realidad que, según el propio Gobierno, ya no admite más dilaciones.