Una sentencia ratifica la destitución del exinterventor de Vila-seca por acoso laboral

El Juzgado de la Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona ha emitido recientemente una sentencia (está fechada el pasado 30 de noviembre) que da la razón a la Generalitat en su decisión de destituir oficialmente de sus funciones al interventor de Vila-seca Carlos García en 2021. Anteriormente había sido apartado temporalmente de sus funciones al investigarse dos faltas graves.

El funcionario ya no ejerce actualmente en Vila-seca. Lo hizo entre los años 2011-2017 en una primera etapa; y de 2019 a 2021 en una segunda. Entre medio, se fue en comisión de servicios al consistorio de Sant Pere de Ribes y actualmente ha vuelto a esta localidad del Garraf.

El fallo judicial emitido estas últimas semanas en Barcelona da un espaldarazo a la decisión de la Generalitat, que consideró falta grave una denuncia de 24 trabajadores del consistorio del Tarragonès por un presunto acoso laboral.

La sentencia, a la que ha tenido acceso el Diari, analiza el recurso que presentó en abril de 2021 el funcionario Carlos García (ya suspendido temporalmente de sus funciones). El recurso del funcionario expresaba su disconformidad con la suspensión de sus funciones públicas por un año por esta denuncia de presunto acoso laboral de este grupo de trabajadores.

La magistrada Montserrat Fernández analiza el recurso presentado por el funcionario y desgrana en la sentencia los argumentos jurídicos que avalan su decisión y declara en el fallo que «se desestima el recurso» y en consecuencia se declara «ajustada a derecho la resolución (de la Generalitat) impugnada». La sentencia de lo Contencioso Administrativo es recurrible y no se hace imposición de costas. El plazo para presentar recurso finaliza estos días.

Espaldarazo

La sentencia del juzgado de Barcelona respalda la decisión de la Generalitat en una de las dos faltas graves por las que se le abrió expediente a García en su día. Se trata de una denuncia colectiva de 24 empleados del consistorio que acusaban al funcionario de acoso laboral.

La denuncia obligó al Ayuntamiento a convocar al Comité de Seguretat i Salut, el órgano municipal que asumió el análisis de las acusaciones de estos empleados. Paralelamente se contrató a una empresa externa para realizar la misma investigación y ambos informes técnicos coincidieron en que había indicadores que sustentaban estas acusaciones. Hubo un tercer informe independiente que mantuvo la misma línea de los dos anteriores. Y todo ello sirvió a la Generalitat para actuar en consecuencia.

La otra falta grave

Por otro lado, la otra falta grave del funcionario, que también tiene un año de suspensión (serán dos si los recursos que presenta el implicado se desestiman), también recibió en 2021 un espaldarazo de la justicia. Esta otra sentencia (de 2021) está recurrida por parte del funcionario.

La falta grave en cuestión viene motivada por las decisiones del funcionario en el Ayuntamiento de Vila-seca en 2019 (la segunda etapa) que provocaron la paralización de la dinámica pública del consistorio y obligó a posponer pagos a proveedores, se perdieron líneas de subvención (algunas de carácter social) e incluso bloqueó la flota de vehículos municipales que no habían pasado la ITV obligando a los trabajadores a usar su coche particular.

Esta otra falta grave ya tuvo una sentencia favorable a la decisión de la Generalitat y del consistorio cuando se decidió apartar al funcionario. Entonces fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona el que analizó el recurso del funcionario y también lo desestimó.

Con esta segunda sentencia, la Generalitat acredita las decisiones tomadas contra este funcionario público, que la misma Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda le ha abierto un expediente disciplinario.