Diputaciones provinciales: un bicentenario para la reflexión (1822-2002)
Se cumple este año el bicentenario de la creación de las diputaciones provinciales de forma generalizada en toda España. Esta efeméride merece, cuanto menos, unas palabras sobre el tema. Retrocedamos un poco en el tiempo. Con la revolución liberal era necesario que el territorio contara con unas nuevas divisiones territoriales y, sobre ellas, unas nuevas instituciones político-administrativas. Ahí entrarán en juego las provincias y las diputaciones provinciales.
El texto constitucional de 1812 estableció un sistema de administración provincial, cuyo vértice o autoridad suprema recaía en la figura del jefe político, que inicialmente presidía la diputación y más adelante se denominará gobernador civil. Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos serían instituciones representativas de carácter electivo con unas funciones de información y asesoramiento o consulta hacia el jefe político.
En el período 1812-1814 se establecieron por primera vez Diputaciones provinciales. Por lo que respecta a Cataluña, se formó una única Diputación provincial, la de Cataluña, que se instalaría formalmente en la ciudad de Vic (1812). Pero la presencia del conflicto militar contra la Francia napoleónica, por un lado, y la restauración del absolutismo político en 1814, por otro, impidieron una verdadera acción administrativa, política e institucional de las nacientes diputaciones.
Años más tarde (1820) tuvo lugar la sublevación del coronel Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), proclamando el restablecimiento de la Constitución de 1812. El día 3 de mayo de 1820 se restableció la «Diputación provincial de Cataluña». Y casi dos años después, el 27 de enero de 1822, se aprobó el Decreto de Cortes estableciendo la división «provisional» (¡que aún perdura!) del territorio en provincias. El Decreto supuso la creación en Cataluña de cuatro provincias y cuatro diputaciones provinciales (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona), y por tanto, la supresión de la Diputación provincial de Cataluña hasta entonces vigente
Durante el mes de mayo de 1822 se formaron las cuatro diputaciones provinciales catalanas. La Diputación provincial de Tarragona se constituyó el día 25 de mayo de 1822 en el Palacio Arzobispal, presidida por el jefe político Marcelo Baeza (comandante militar) estando formada por: Joaquín Tarín (canónigo de Tarragona, natural de Teruel), Benito Rubinat (hacendado, de Vilanova y la Geltrú), Pedro Alcántara de Ajuria (comerciante, de Reus), Pedro Joaquín de Alcoriza (abogado, de Tortosa) y Salvador Alba (abogado, de Montblanc). Actuaba como secretario de la corporación el médico reusense Jaume Ardèvol.
Más adelante, el nuevo jefe político de Tarragona, el coronel Jacobo Gil Avalle, no encontró lugar donde residir, por lo que advirtió al Ayuntamiento de Tarragona «...que si no se encontraba alojamiento como corresponde se vería en la precisión, y lo haría, de trasladarse a Reus si encontrara en dicha Villa proporción de alojamiento y que trasladaría allá las oficinas...». Ni que decir tiene que el tema se solucionó de inmediato.
Los inicios de la actuación de la nueva corporación provincial de Tarragona fueron difíciles: carecía de una infraestructura adecuada y de presupuesto para desarrollar su tarea. Sus esfuerzos se centraron en organizar y apoyar a la tropa en su lucha contra los realistas partidarios del absolutismo de Fernando VII, recaudando dinero y formando batallones de milicias.
Tras la proclamación de la reina Isabel II (1833) y el inicio de la guerra civil carlista, se volvió a echar mano de las Diputaciones provinciales y de las provincias como un recurso útil y muy necesario para ganar la guerra y dar el empujón definitivo a la revolución liberal. Pues, en efecto, las Diputaciones fueron las abanderadas de la causa del progresismo y de la defensa del constitucionalismo. Posteriormente el modelo provincial presentaría progresivas señales de agotamiento.
Pasados cien años, Ortega y Gasset, en su España invertebrada (1921), y más tarde en La redención de las provincias (1931), llamaba la atención en la necesidad de dotar a las provincias de nuevas energías para reconstruir una nueva nación (española), en base precisamente a esas provincias y a su agrupación en «grandes comarcas» o regiones.
La guerra civil de 1936-1939 y el franquismo impidieron temporalmente configurar una adecuada articulación institucional del mosaico español. La Constitución de 1978 lo intentó en base a las autonomías territoriales, manteniendo en todo caso las provincias, aunque no siempre las diputaciones provinciales. Hoy en día las Diputaciones provinciales constituyen una de las administraciones más saneadas financieramente: en comparación con otros entes territoriales, disponen de menores gastos estructurales de funcionamiento, mayor capacidad inversora, y una situación financiera más solvente y equilibrada.
Y así, hasta hoy, 200 años después... Vale la pena celebrarlo, y reflexionar sobre ello.