La calle Riudecols tendrá un hotel con unas quince habitaciones

La Part Alta contará con un nuevo establecimiento hotelero en una de sus zonas más céntricas. Se trata de la calle Riudecols, donde la empresa Flavus Tarraco SL hace tiempo que buscaba un inmueble para ampliar su negocio de la calle Cavallers y ahora se han dado las circunstancias para que esta inversión siga adelante.

Lo que ha desencallado la operación fue la subasta pública a través de la cual el Ayuntamiento de Tarragona ponía a la venta este edificio de titularidad municipal, que está abandonado y en un muy mal estado de conservación. Se trata del número 8, un inmueble esquinero con la calle Abad y la plaza Ripoll que ha pasado a manos privadas, después de que el consistorio reconociera que no podía hacerse cargo de los gastos de rehabilitación.

Flavus Tarragona SL fue la única empresa que se interesó y presentó una oferta por valor de 58.500 euros para la propiedad de 238 metros cuadrados construidos. La cantidad ofrecida superaba en 2.376,33 euros el precio de salida, que era de 56.123,67 euros y, al estar al corriente del pago de los tributos, los servicios técnicos municipales dieron luz verde a una operación de compraventa que ayer consiguió la mayoría necesaria en el pleno para que esta pueda seguir adelante.

«Hace mucho tiempo que teníamos la intención de hacer algo similar a lo de Cavallers, pero después hubo una suspensión de licencias en la Part Alta y todo quedó parado», asegura Orlando Rubio, que es uno de los socios de Flavus Tarraco SL. Esto fue en el anterior mandato, pero cuando hace unos meses se hizo público que el Ayuntamiento ponía el edificio en venta, la empresa no dudó en recuperar el proyecto.

La sociedad ya tenía en propiedad el edificio adyacente, correspondiente al número 6, de forma que el nuevo establecimiento turístico podrá tener «entre doce y quince» habitaciones. Rubio avanza que la filosofía será similar a la del Hostal 977, que está a escasos metros de distancia. «Nos funciona bastante bien y el producto será muy similar», indica.

El negocio todavía tardará en ponerse en marcha, porque antes hay que hacer un lavado de cara exhaustivo. «Estuvimos un día en la primera planta para verlo y no pudimos pasar de allí», explica el futuro propietario. Palomas, ratas y gatos son los actuales inquilinos, a pesar de que las puertas exteriores están tapiadas porque hace un tiempo el edificio fue ocupado y cuando lo desalojaron se bloquearan los accesos para evitar un incidente, teniendo en cuenta los problemas estructurales que presenta el inmueble. «Primero supongo que tendremos que hacer una limpieza en profundidad y después ya veremos porque suponemos que está hecho un nyap», sigue explicando.

El interior prácticamente tendrá que derruirse en su totalidad, aunque el edificio mantiene elementos de interés patrimonial y los nuevos propietarios están obligados a preservarlos y a hacer un estudio arqueológico antes de iniciar cualquier actuación de calado. Entre los restos que se conoce que hay en el interior está un horno medieval y alguna inscripción romana. «Son cosas para lucir, no para esconder», continua diciendo este empresario.

Entre la formalización de la compraventa con la administración local, la redacción del proyecto, las excavaciones arqueológicas y la obtención de las licencias pertinentes, los nuevos propietarios calculan que los trabajos de rehabilitación del edificio todavía tardarán «mínimo un año». Con todo, la nueva propiedad tiene muy claro que será un «pequeño hotelito con encanto» a escasos metros de la calle Major.

La venta de este inmueble de propiedad municipal despertó ampollas, teniendo en cuenta que cuando se adoptó la decisión hubo diferencias en el seno del gobierno sobre la solución que se ha adoptado. Ayer, la concejal de la CUP Eva Miguel admitía que «vimos que no había margen de maniobra y que habíamos llegado tarde para este edificio». La formación anticapitalista no veía con buenos ojos que la administración pública prescindiera de este patrimonio, a favor de un privado, por este motivo Miguel pidió ayer en el pleno la necesidad de un plan de usos y una hoja de ruta clara para los edificios municipales, que permita «tener claros los pasos a dar».

La discrepancia interna con la CUP la aprovechó la concejal del PSC, Begoña Floria, quien reprochaba al gobierno que «ahora se den cuenta de lo difícil que es gestionar el patrimonio». En cambio, el edil de ERC, Xavier Puig, defendió que esta «en un mundo ideal no sería la mejor solución». Pese a ello, admitía que «a nivel de viabilidad» era la única que ahora mismo podía llevarse a cabo.