La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, Ancove, considera que la situación económica todavía no muestra la suficiente fortaleza como para que el mercado del automóvil pueda mantenerse sin ayudas a la compra. Hay que tener en cuenta que la economía española puede sufrir un debilitamiento en sus ritmos de crecimiento tal y como auguran organismos públicos y privados españoles e internacionales.
Por este motivo, Ancove apoya la iniciativa del PP, expresada por boca del actual ministro de Industria, José Manuel Soria, de alargar las ayudas al achatarramiento a todo el ejercicio de 2016. De momento, sólo se han asegurado ayudas para el primer semestre, unos fondos que se acabarán el 31 de julio o incluso antes si se agota el remanente de 100 millones de euros del actual PIVE 8.
“Numerosos comerciantes han mostrado su preocupación ante la probabilidad, más que cierta, de que las ventas sufran un retroceso puntuales respecto a este año si se paran las ayudas a la compra”, desvela Elías Iglesias, presidente de Ancove. “Por este motivo consideramos muy acertada la propuesta del Partido Popular de ampliar las ayudas a todo el 2016”.
No obstante, Ancove quiere que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre vaya más lejos y no se limite a una nueva prórroga del PIVE. “El modelo está agotado y no ha conseguido parar el envejecimiento del parque automovilístico español, que el próximo año arrancará con más de 11 años de media. Se precisa un programa estructural que vaya más allá de los intereses de los fabricantes, que sólo están interesados en que no se paren sus fábricas”, declara Iglesias.
Ancove considera que es preciso un plan integral que no se limite a las ayudas a la compra de vehículos nuevos. Es preciso retirar de las carreteras los vehículos más viejos. A tal fin, propone que el plan actúe en varios frentes:
- Ayudas a la compra de vehículos nuevos –incluidos turismos, comerciales, industriales y motocicletas- con el consiguiente achatarramiento de otro a cambio.
- Apoyar a los propietarios de vehículos diésel de más de 15 años, generalmente de escasos recursos, incluyendo ayudas para la adquisición de unidades de segunda mano que no sobrepasen los cuatro años, reduciendo considerablemente así la contaminación y mejorando la seguridad vial.
- Reforma de las ITV para que realicen controles más rigurosos con el fin de que coches poco seguros y altamente contaminantes sigan circulando. A tal fin, las autoridades responsables de la seguridad en las carreteras (DGT, Ertzaintza, Mossos d´esquadra y policías municipales) deben perseguir los vehículos que circulen sin tener en regla la ITV.
- Ventas y talleres ilegales. Los vendedores pseudoprofesionales y los talleres ilegales contribuyen a que los coches más antiguos sigan circulando sin garantías de seguridad para los conductores, ocupantes y resto de usuarios de las vías. Por este motivo, es preciso prohibir tales actividades, especialmente la venta callejera, que es legal en muchos municipios españoles.
- Controlar los desguaces para que se achatarren realmente los vehículos.
