El Departament d'Empresa i Treball i CONFECAT, Pimec Turisme, Foment, Acave, TURAL CAT y la Federació Catalana de Càmpings –que en total agrupan más de un centenar de entidades locales- han subscrito un manifiesto contra la sentencia en que señalan "el efecto perturbador que genera la competencia desleal en los operadores legales" y advierten de la "pérdida de control administrativo de la autoridad turística de destino". También, apuntan a un perjuicio a los turistas y al fomento del fraude fiscal, la vulneración de las normas urbanísticas, de las ordenanzas municipales y de los estatutos de las comunidades de propietarios.
Con todo, tanto el Govern como las entidades reiteran que la obligación de publicar el número de identificación del Registre de Catalunya es una medida "adecuada" y está "justificada" y apuestan por un "modelo turístico competitivo, sostenible y responsable y velando porque el marco jurídico facilite que las autoridades exijan el cumplimiento de la normativa del destino".
Así mismo, señala que el despliegue de las actuaciones de control sobre las plataformas ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los operadores y se han abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas que alojaban turistas en viviendas de forma irregular. Según concreta el texto, 1.530 se resolvieron con imposición de multas de entre 3.001 y 30.000 euros, hasta los 9,2 millones de euros en total.
Por su parte, la Generalitat ha asegurado que seguirá aplicando la normativa catalana para garantizar la "correcta ordenación de la actividad de alojamiento turístico en Catalunya" y que la defenderá ante los cambios de la futura Ley europea de Servicios Digitales que modifica la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31. Para Empresa i Treball, es básico que las regulaciones europeas y estatales puedan ordenar la actividad su territorio.
De momento, la conselleria afirma que se seguirá poniendo en conocimiento de las plataformas los anuncios de viviendas turísticas ilegales y continuará reclamando su retirada.
