El asesinato perpetrado hace un par de semanas en la Rambla de Ponent ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que inquieta crecientemente a la sociedad tarraconense: la seguridad. Sin duda, este tipo de hechos no pueden considerarse habituales, de momento, pero es igualmente incuestionable que nos estamos acostumbrando a una violencia de baja o media intensidad que resultaba impensable hace apenas un par de décadas.
En efecto, si me permiten compartir la experiencia personal, cuando vine a vivir a Tarragona a finales de los noventa, tuve la sensación de que prácticamente era posible callejear donde y cuando quisiera sin correr un riesgo previsible. Hoy no tengo esa impresión, en absoluto. De hecho, aunque no vivo en un entorno especialmente caliente, observo desde mi balcón frecuentes peleas e incidentes durante las madrugadas del fin de semana.
Aunque no vivo en un entorno especialmente caliente, observo desde mi balcón frecuentes peleas e incidentes durante el fin de semana
Y si abrimos el foco a la violencia puramente material, ni les cuento. En el último año y medio, sólo a nivel familiar y en mi manzana, hemos sufrido el destrozo total de una moto, la sustracción de la insignia de un vehículo y la destrucción de un retrovisor, obra aparente de individuos que volvían de marcha. Una ciudad donde el simple hecho de aparcar en la calle, en pleno centro urbano, conlleva el riesgo probable de sufrir un acto vandálico, tiene un problema serio.
Llegados a este punto, convendría reflexionar sobre una convicción latente e irracional que arrastramos en este país: la idea de que garantizar la seguridad pública es algo de derechas. De hecho, no es raro que determinados partidos, habitualmente de extrema izquierda, frenen las iniciativas que pretenden convertir nuestras calles en un lugar seguro para todos. Y debería ser precisamente al contrario, porque son las clases pudientes las que pueden vivir en urbanizaciones o edificios vigilados por empresas privadas, mientras las familias de clase media y baja dependen exclusivamente de la seguridad pública para proteger su integridad física y su modesto patrimonio.
En este sentido, algunos se sorprendieron cuando el candidato socialista se convirtió en el aspirante que probablemente apostó más fuerte por este tema en la última campaña local. Me consta la importancia que el actual alcalde atribuye a este problema, que gestiona de forma personal. Y ha llegado la hora de cambiar algunas cosas con determinación, si no queremos que esta tendencia se intensifique y cronifique en rangos catastróficos.
Para afrontar este reto, además de superar la estúpida y suicida normalización del gamberrismo etílico, debe atacarse la impunidad
La estrategia definitiva para revertir este fenómeno se vincula indefectiblemente con la educación en determinados valores: el respeto escrupuloso en cualquier tipo de relación sexual, la consideración hacia el patrimonio ajeno y el colectivo, la empatía con los vecinos que intentan descansar, la corresponsabilidad en la limpieza en los espacios públicos, etc. Sin embargo, no podemos cruzarnos de brazos mientras interiorizamos el civismo que ya existe en otras zonas de Europa.
Para afrontar este reto, además de superar la estúpida y suicida normalización del gamberrismo etílico, debe atacarse frontalmente la impunidad. Para ello contamos con herramientas exitosamente implementadas en otros países occidentales, como el reforzamiento de la presencia policial nocturna y la utilización de cámaras, debidamente fiscalizadas por la autoridad judicial. Quienes intentamos vivir honestamente no nos sentimos amenazados por estas medidas en absoluto. Es más, nos tranquilizan. Sensu contrario, sólo entiendo que molesten a quienes puedan verse perjudicados por ellas. Cuando se propongan, será interesante observar quién se pone a cada lado en este debate.
