Las encuestas son contundentes: los españoles sienten una creciente preocupación y al mismo tiempo una rotunda repulsa frente a la corrupción. Es difícil medir exactamente qué influencia haya podido tener en los resultados electorales más recientes, pero nadie duda que ha influido, decantando mucho voto en contra de los partidos más tradicionales y a favor de los emergentes que, en lo bueno y en lo malo, tienen todo pendiente de demostrar. De ahí que uno de los aspectos que los ciudadanos van a observar con mayor atención sea el desempeño de los nuevos gobiernos, en este caso municipales y autonómicos, sobre todo en lo que hagan o dejen de hacer respecto a eso que ha venido en llamarse regeneración.
Aunque la repulsa sea genérica, la corrupción es un fenómeno complejo, tanto en sus causas como en su manifestación. Y, sea o no políticamente correcto decirlo, no todo debe cargarse en el debe del sistema político-institucional. Nada de eso merma la responsabilidad que atañe a representantes y gestores políticos –conviene recordar que lo son voluntariamente–, tanto a los que incurren en desvergüenza como al conjunto, colectivamente, por no articular los medios precisos para evitarla, primero, y escarmentarla debidamente, después. Pero no se puede dejar al margen la evidencia de que todo corrupto necesita al menos un corruptor ni que la sociedad alberga hábitos y comportamientos poco edificantes que denotan relajación ética, cuando no moral.
Parte de la deriva corrupta –no toda– proviene de la aversión a la transparencia que vienen mostrando los dedicados a la cosa pública. Hay que admitir que probablemente no evitaría del todo el riesgo de conducta impropia, pero la haría sin duda más difícil, más detectable y, en definitiva, menos extendida. En general, someterse a conocimiento y escrutinio gusta poco: se ha tardado nada menos que tres largas décadas en promover una ley con ánimo de propiciar el acceso a los datos e informaciones del ámbito público, para finalmente alumbrar un texto que se ha revelado pacato e insuficiente, camino de cumplir su primer año de implantación. Ya en su tramitación se detectaron notables omisiones e insuficiencias, pero más importante es que sigue sin percibirse un cambio en las actitudes y comportamientos; diciéndolo claramente, sigue sin haber un mínimo de voluntad. No han faltado casos, en meses recientes, para constatar que en demasiadas áreas del ámbito público, a menudo más allá de sus máximos responsables, se sigue considerando un engorro rendir cuentas, como si el ejercicio de la actividad pública pudiera o debiera ser objeto de protección de la privacidad.
La formación de nuevos gobiernos y consistorios plantea retos y oportunidades que no se deberían desaprovechar. Para empezar, haciendo diáfana la gestación de los pactos, dando plena publicidad a los acuerdos o compromisos suscritos, e introduciendo formas menos opacas, cerradas o camufladas de desempeñar el poder.
De forma un tanto incomprensible, los lobbies quedaron fuera de la ley de transparencia ya mencionada. No hay, por tanto, norma reguladora de su tarea ni exigencia de que los gestores públicos se relacionen con ellos con exigencia o requisitos de publicidad. Pero la realidad es que existen, son activos y propenden a actuar de forma opaca... ¿al límite de la legalidad? Cara a los próximos meses, tienen ante sí el reto de recomponer sus estrategias ante cambios de interlocutor que, en muchos casos, les suponen una propensión acentuada a corromper... por desgracia, en no pocos casos bastante real. ¿Qué mejor que dar a conocer, unos y otros, cuándo, cómo y para qué se relacionan, para evitar sospechas de lo peor?
Algunos de los legitimados por el voto para ostentar poder político el pasado 24 de mayo han comprometido objetivos en el sentido apuntado. Van a tener –desde ya– cumplida oportunidad de demostrarlo, pero deberán hacerlo más allá de lo gestual o, de lo contrario, generarán enfado en quienes les han prestado apoyo, o al menos decepción. Quienes estos días se van a hacer cargo de comunidades autónomas y ayuntamientos, en muchos casos por primera vez, van a tener en su mano, si no erradicar por completo la desvergüenza, al menos transparentar sus actividades, como hace tiempo viene demandando una parte consistente de la sociedad.
El desempeño público, entraña, debe entrañar renuncia al derecho común de los ciudadanos a preservar aspectos que para el resto forma parte de su privacidad. Es, sin duda, una servidumbre añadida, pero quienes no están dispuestos a asumirla tienen la opción –sencilla– de continuar en la esfera privada. Nada menos, pero tampoco nada más.
