Trece acusados admiten su participación en los disturbios de Salou tras la muerte de un mantero

El juicio contra catorce personas acusadas de provocar disturbios en Salou el 11 de agosto de 2015 tras la muerte de un mantero senegalés ha comenzado este lunes en la Audiencia de Tarragona. El hombre de 50 años, Mor Sylla, falleció tras precipitarse desde el balcón de su piso a la plaza de Sant Jordi durante una redada policial. Tras la muerte, decenas de personas se concentraron en el lugar de los hechos y empezaron los altercados.

El juicio ha estado marcado por más de cuatro horas de negociaciones, que han acabado con un principio de acuerdo entre las defensas y la Fiscalía.

Trece de los acusados —nueve presentes en la sala y cuatro en rebeldía— han admitido su participación en los hechos, mientras que uno de los investigados presentes rechazó el pacto y negó haber intervenido.

¿Qué ocurrió el 11 de agosto de 2015?

Según el escrito de acusación, entre las 8:00 y las 22:00 h unas setenta personas, incluidos los procesados, se concentraron en la plaza Sant Jordi para protestar por la muerte de Sylla. Desde primera hora lanzaron piedras, palos y mobiliario urbano contra el cordón policial que protegía el levantamiento del cadáver, los registros y la comitiva judicial.

A las 11:30 h, los Mossos cargaron para desalojar la plaza: los manifestantes impedían la salida del vehículo funerario, rompieron el retrovisor de un coche patrulla y apedrearon la furgoneta mortuoria, hiriendo a su conductor. Durante horas, los acusados y otras personas golpearon a los agentes que contenían a la multitud.

El desorden se extendió al espacio público: se cortó el tráfico en la calle Barcelona y, durante ocho horas, la circulación ferroviaria. Los concentrados arrancaron las barreras del paso a nivel, sabotearon cables y colocaron contenedores y piedras sobre las vías, lo que afectó a 18 trenes de larga distancia, 17 regionales y 2 de Rodalies, además de obligar a suspender otros cinco servicios. Renfe valora los daños en 3.417 € y reclama 69.066 € por perjuicios; el Ayuntamiento de Salou pide 8.514 € por refuerzos de seguridad.

Las pedradas, los contenedores quemados y los objetos lanzados —cadires, mesas, parasoles— dañaron vehículos policiales, bienes públicos y comercios de la zona, y causaron lesiones a transeúntes y agentes.

La Fiscalía solicita penas de entre 8 y 15 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos con uso de instrumentos peligrosos, atentado contra la autoridad, daños en bienes, lesiones con instrumento peligroso y daños a bienes de dominio público, vías férreas y tráfico rodado.