Los promotores del sector Culubret han presentado esta semana un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ayuntamiento de Tarragona el pago de 3.652.897,88 euros por la suspensión del proyecto, que quedó en un cajón a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que comportó la anulación del POUM.
El recurso, que llegó el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona, sigue adelante después de que los impulsores del proyecto presentaran una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la administración local. Transcurridos seis meses desde este trámite, «no han resuelto nada, ya que no nos han dado contestación alguna, lo que se considera silencio administrativo y, por tanto, nos ha dado vía libre para acudir al juzgado», argumenta Quim Culubret.
Este empresario explica que la reclamación «está muy bien justificada» y hace referencia a los gastos correspondientes a la redacción del conjunto de informes, proyectos y estudios del plan, teniendo en cuenta que este estaba en un estado avanzado de su tramitación cuando llegó la sentencia del alto tribunal.
El desarrollo de este sector de crecimiento –vinculado principalmente a la actividad comercial y también al uso residencial– inicialmente estaba dentro de otro sexenio dentro del POUM. No obstante, se consideró que, debido a su interés, podía avanzarse dentro de la agenda prevista y ya estaba a punto de iniciarse el movimiento de tierras cuando se paralizó el proyecto.
«Lo único que hemos tenido en cuenta es el problema generado por el propio Ayuntamiento, sin contemplar el lucro cesante de lo que hubiéramos podido ganar», afirma Culubret. Este defiende que esta reclamación patrimonial «tan solo busca recuperar el dinero invertido, ya que no arregla los quebraderos de cabeza ni las decepciones que hemos tenido durante todo este tiempo».
Un largo pulso
Este recurso contencioso-administrativo representa un estadio más de este largo pulso entre la administración local y la sociedad Terbuluc SL, impulsora del proyecto. Este afectaba a los terrenos junto a la carretera de Santes Creus, delante de los depósitos de Ematsa, un sector que en el anterior POUM aparecía como el Pla Parcial 62, con una superficie de 27.379 metros cuadrados. De estos, 4.061 tenían un uso residencial, ya que en total se preveía la construcción de un máximo de 147 viviendas. No obstante, esta parte formaba parte de una segunda fase, teniendo en cuenta que el objetivo primero del proyecto era la habilitación de una superficie de 6.628 metros cuadrados de carácter comercial. Esta parte justificaba una inversión que en total ascendía a 15 millones de euros, y que contaba con el aval de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, teniendo en cuenta que quería promoverse un ‘almacén’ dedicado a la venta de materiales de construcción.
El Ayuntamiento de Tarragona defiende que, en su momento, «intentamos mantener este sector en las normas de planeamiento urbanístico». Este ya contaba con el plan parcial aprobado definitivamente. No obstante, desde la administración local se asegura que el plan «estaba impugnado por la vía jurisdiccional» y que «no contaba con el proyecto de reparcelación ni de urbanización aprobados definitivamente». Con estos elementos, los técnicos municipales y del Departament de Territori de la Generalitat consideraron que «los terrenos incluidos en este ámbito no podían considerarse suelo urbano dentro de las normas».
La decisión ha comportado un largo e intenso pulso entre ambas partes. Hace unos meses, el Diari ya publicó que el Ayuntamiento de Tarragona había reclamado a la sociedad promotora la suma de 80.117 euros por la tramitación de la licencia de obras de la primera fase del proyecto, en la que se preveía una inversión de 6,1 millones de euros. Esta cantidad fue rebajada finalmente a 16.023 después de que Terbuluc SL presentó una reclamación, ya que no había podido empezar las obras de acuerdo con las previsiones.
«Seguramente tendremos que esperar dos años o incluso más para que se resuelva el contencioso-administrativo, y después lo más probable es que el Ayuntamiento recurra», lamenta Culubret. Pese a ello, este está dispuesto a llegar «hasta el final» y si la resolución de esta parte es satisfactoria prevé seguir con la vía judicial por el pago del permiso de obras.
La caída del plan general comportó cambiar las reglas del juego en medio de la partida, cuando varios planes estaban tramitándose, por lo que el Ayuntamiento de Tarragona se ve abocado a varias reclamaciones a las que tendrá que hacer frente.
Los promotores del sector Culubret han presentado esta semana un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ayuntamiento de Tarragona el pago de 3.652.897,88 euros por la suspensión del proyecto, que quedó en un cajón a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que comportó la anulación del POUM.
El recurso, que llegó el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona, sigue adelante después de que los impulsores del proyecto presentaran una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la administración local. Transcurridos seis meses desde este trámite, «no han resuelto nada, ya que no nos han dado contestación alguna, lo que se considera silencio administrativo y, por tanto, nos ha dado vía libre para acudir al juzgado», argumenta Quim Culubret.
Este empresario explica que la reclamación «está muy bien justificada» y hace referencia a los gastos correspondientes a la redacción del conjunto de informes, proyectos y estudios del plan, teniendo en cuenta que este estaba en un estado avanzado de su tramitación cuando llegó la sentencia del alto tribunal.
El desarrollo de este sector de crecimiento –vinculado principalmente a la actividad comercial y también al uso residencial– inicialmente estaba dentro de otro sexenio dentro del POUM. No obstante, se consideró que, debido a su interés, podía avanzarse dentro de la agenda prevista y ya estaba a punto de iniciarse el movimiento de tierras cuando se paralizó el proyecto.
«Lo único que hemos tenido en cuenta es el problema generado por el propio Ayuntamiento, sin contemplar el lucro cesante de lo que hubiéramos podido ganar», afirma Culubret. Este defiende que esta reclamación patrimonial «tan solo busca recuperar el dinero invertido, ya que no arregla los quebraderos de cabeza ni las decepciones que hemos tenido durante todo este tiempo».
Un largo pulso
Este recurso contencioso-administrativo representa un estadio más de este largo pulso entre la administración local y la sociedad Terbuluc SL, impulsora del proyecto. Este afectaba a los terrenos junto a la carretera de Santes Creus, delante de los depósitos de Ematsa, un sector que en el anterior POUM aparecía como el Pla Parcial 62, con una superficie de 27.379 metros cuadrados. De estos, 4.061 tenían un uso residencial, ya que en total se preveía la construcción de un máximo de 147 viviendas. No obstante, esta parte formaba parte de una segunda fase, teniendo en cuenta que el objetivo primero del proyecto era la habilitación de una superficie de 6.628 metros cuadrados de carácter comercial. Esta parte justificaba una inversión que en total ascendía a 15 millones de euros, y que contaba con el aval de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, teniendo en cuenta que quería promoverse un ‘almacén’ dedicado a la venta de materiales de construcción.
El Ayuntamiento de Tarragona defiende que, en su momento, «intentamos mantener este sector en las normas de planeamiento urbanístico». Este ya contaba con el plan parcial aprobado definitivamente. No obstante, desde la administración local se asegura que el plan «estaba impugnado por la vía jurisdiccional» y que «no contaba con el proyecto de reparcelación ni de urbanización aprobados definitivamente». Con estos elementos, los técnicos municipales y del Departament de Territori de la Generalitat consideraron que «los terrenos incluidos en este ámbito no podían considerarse suelo urbano dentro de las normas».
La decisión ha comportado un largo e intenso pulso entre ambas partes. Hace unos meses, el Diari ya publicó que el Ayuntamiento de Tarragona había reclamado a la sociedad promotora la suma de 80.117 euros por la tramitación de la licencia de obras de la primera fase del proyecto, en la que se preveía una inversión de 6,1 millones de euros. Esta cantidad fue rebajada finalmente a 16.023 después de que Terbuluc SL presentó una reclamación, ya que no había podido empezar las obras de acuerdo con las previsiones.
«Seguramente tendremos que esperar dos años o incluso más para que se resuelva el contencioso-administrativo, y después lo más probable es que el Ayuntamiento recurra», lamenta Culubret. Pese a ello, este está dispuesto a llegar «hasta el final» y si la resolución de esta parte es satisfactoria prevé seguir con la vía judicial por el pago del permiso de obras.
La caída del plan general comportó cambiar las reglas del juego en medio de la partida, cuando varios planes estaban tramitándose, por lo que el Ayuntamiento de Tarragona se ve abocado a varias reclamaciones a las que tendrá que hacer frente.
