Tarragona

Govern y Consistorio confían en que Copisa acepte construir el Palau

Los técnicos de la empresa llevan dos semanas analizando la viabilidad del proyecto de los Juegos de 2017

Imagen virtual del aspecto que ofrecerá el futuro palacio de deportes que se construirá en el barrio de Campclar.Foto: DT

Octavi Saumell
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Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Tarragona confían que, en pocos días, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Calaf, SAU&Copisa acepte el encargo de construir el nuevo palacio de deportes que se alzará en el anillo mediterráneo de Campclar. Así lo aseguraron ayer fuentes del Govern, las cuales manifestaron a este periódico que, en estos momentos, la compañía «está tramitando la documentación necesaria» para aceptar la propuesta que recibió el pasado 25 de febrero por parte de la administración autonómica.

En este sentido, desde la Generalitat se reconoce «tener constancia del interés» que tiene la UTE para asumir las obras, si bien aún no puede hacerse oficial la aceptación, ya que no se ha llevado a cabo toda la tramitación necesaria.

En la misma línea se expresó ayer el concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), quien manifestó en Tarragona Ràdio que, en breve, la compañía «podría confirmar» el OK.

El pasado mes de octubre, la UTE que quedó en segundo lugar del concurso público al que concurrieron un total de 16 empresas presentó una oferta de 8.062.331 euros (sin IVA) y estipulaba un plazo de ejecución de las obras en 12 meses. Se trata de una propuesta económica inferior en 65.000 euros a la que puso sobre la mesa la UTE ganadora de la licitación que, eso sí, se comprometía en realizar la construcción en 11,5 meses.

La Generalitat realizó la propuesta a la segunda clasificada del concurso tras conocerse hace dos semanas que Dragados, Garcia Riera y Construcciones Rubau decidían finalmente no asumir las actuaciones, amparándose en un punto del pliego de cláusulas que les permitía desdecirse del contrato antes de cumplirse dos meses desde la adjudicación. Las fuentes consultadas argumentaron la decisión en la «inviabilidad económica» que consideraron que tenía el proyecto.

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