El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. El proyecto, ahora mismo, no saldría adelante, pues carece de apoyos suficientes en el Congreso. Esta reforma del Estatuto de los Trabajadores —menos horas de trabajo sin rebaja salarial— se enfrenta a un escenario en el que la automatización, el big data y los algoritmos cuestionan los conceptos de cadena de producción y de trabajador que han articulado nuestra sociedad el último siglo y medio. El contexto parece favorable.
El año pasado, España superó los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social y creó unos 502.000 empleos. Estos resultados son, en parte, consecuencia de reformas que fueron recibidas con malos augurios que no se han cumplido, como el aumento del salario mínimo, que en siete años ha pasado de 735,90 euros a 1.184. Los avances sociales pueden ser viables económicamente. Sin embargo, España continua siendo España: el paro es del 11,4%, el doble de la media de la UE, con preocupantes niveles de precariedad. ¿Beneficiará la reducción de la jornada a trabajadores y a empresas sin dañar la competitividad ni el empleo? Solo si se aplica de forma gradual, flexible y ligada al aumento previo de la productividad.
La historia muestra que cada avance tecnológico ha permitido reducir las horas de trabajo gracias a mejoras en eficiencia, pero esto ha ocurrido tras, y no antes, del crecimiento en productividad. Reducir horas por ley sin este crecimiento previo puede generar serios desequilibrios económicos: aumento de costes, pérdida de competitividad, inflación o destrucción de empleo, especialmente en sectores más presenciales y con menor capacidad de automatización, como los servicios, la hostelería o el comercio. Ni aumentar la jornada mejora la productividad ni reducirla garantiza mayor competitividad.
Depende del tamaño de las empresas (mayoritariamente pymes) y del sector. La opción más sensata es una vía intermedia: aplicar la reducción mediante negociación colectiva sectorial, adaptándose a cada caso. La reducción de la jornada debe utilizarse como marco orientativo, sin aplicarla uniforme e inmediatamente, respetando los convenios vigentes para permitir que cada sector y empresa negocie una transición adaptada a sus propias condiciones productivas y organizativas.
