Opinión

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La dignidad humana no es un discurso abstracto: es un valor esencial que debe orientar las políticas públicas. Regularizar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia y realismo. Frente a modelos —como el de los EEUU de Trump— España ha elegido, con aciertos y errores, un modelo de integración y ordenamiento demográfico. Tanto el Partido Popular como el PSOE han recurrido a procesos de regularización no como un capricho, sino como una herramienta para ordenar el crecimiento poblacional y la actividad económica. No se trata de soluciones mágicas, sino de gestionar un fenómeno estructural con responsabilidad. Los argumentos contrarios a las regularizaciones suelen proceder de quienes emplean la inmigración de forma sesgada o instrumentalizada. Se habla de problemas como si estos surgieran de la llegada de personas. Sí, la inmigración genera desafíos. Pero esos desafíos pueden ser mitigados con legislación sensata, apoyo institucional y políticas sociales bien diseñadas. Tomemos, por ejemplo, la preocupación generalizada sobre la reincidencia en ciertos delitos: esa es una cuestión que puede y debe abordarse mediante cambios legislativos claros, no mediante estigmatizaciones amplias que penalizan a toda una comunidad. Lo que realmente necesitamos es saber cuántas personas somos y cómo vivimos aquí. Sólo con datos reales y transparentes podremos adaptar nuestros servicios públicos —sanidad, educación, vivienda, transporte— a las nuevas realidades demográficas y sociales. Negar la presencia de una parte significativa de la población no hace desaparecer el fenómeno; simplemente lo empuja al terreno de la precariedad y la exclusión. Regularizar no es ‘entregar llaves sin control’. Regularizar es traer a la luz una realidad que ya existe, dotarla de derechos, obligaciones y estructuras que favorezcan la convivencia, la seguridad y el desarrollo colectivo. En un mundo donde las fronteras se mueven y las economías se interconectan, España tiene la oportunidad de impulsar un modelo de integración basado en la dignidad humana, la eficacia administrativa y la justicia social. Esa es una elección que nos favorece a todos.

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