En un planeta interconectado, la invasión toma forma de presión inmobiliaria. La rentabilidad del alquiler turístico está transformando nuestras ciudades y dificultando las alternativas habitacionales para la población local. Las instituciones tratan de enfrentar este problema con estrategias como el reconocimiento de zonas tensionadas y la fijación de porcentajes de subida de los alquileres. Sin embargo, son excepcionales los casos en los que instituciones y movimientos sociales se unen para frenar este fenómeno. Y menos aún los casos en los que la desobediencia civil y la legalidad se dan la mano.
En 2020, 11 000 de las viviendas de alquiler de País vasco francés se habían convertido en vacacionales. En solo 5 años, una de cada cuatro viviendas había salido del mercado en un territorio en el que el 35 % de la población vive de alquiler. Como en muchas otras zonas del mundo, el turismo estaba expulsando a sus habitantes. Finalmente, una asociación propuso a los alcaldes de Iparralde introducir una medida de compensación para el mercado de alquiler de la vivienda, similar a la ya existente en el Estado francés para ciudades de más de 200 000 habitantes.
Hay medidas como la que se aplica en el País Vasco francés. Si quieres tener una vivienda en airbnb, tienes que tener otra en el mercado «normal»
Dicha medida –que entró en vigor en marzo de 2023– permite a los propietarios transformar una vivienda de alquiler en alojamiento turístico. Pero con una condición: ofrecer en el mismo municipio un local del mismo tamaño para vivienda de alquiler ordinario. Y se prevén multas de hasta 50 000 euros para los alquileres ilegales. Así, se busca desincentivar la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos. Y ha funcionado. Porque las medidas, si se aplican, las multas, si se exigen, las propuestas, si no se abandonan, funcionan. La sensación que se transmite es que estamos ante un problema insoluble, pero eso no es verdad.
Se pueden tomar medidas. Limitar los precios, obligar a los fondos bruites a rehabilitar viviendas y sacarlas al mercado por un precio decente, regular el mercado turístico (solo hay que darse una vuelta por el portal Idealista y ver cómo la mayoría de pisos de Tarragona están en «alquiler temporal»). No se trata de ahuyentar el tursimo, pero a estas alturas, o se pone fin a la especulación con un Derecho fundamental como es el de vivienda, o estamos ante la gran crisis de nuestro siglo.
