Nos quieren expropiar nuestras casas

Sigue en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de vivienda que tendría que haber salido antes del verano de 2022. Sus artículos 10 y 11 prevén que la vivienda deje de poder ser objeto del derecho de propiedad privada, como ha sido durante milenios, sacándolo de la regulación del Código Civil. Es decir, prevén expropiarnos nuestras casas (tengamos veinticinco o solamente una) y, además, sin compensación alguna.

Y no estamos hablando de una ‘expropiación suave’, que es la que venimos sufriendo durante años los que queremos tener nuestra casa en propiedad en forma de impuestos y cargas de toda índole por su adquisición, tenencia y enajenación; sino una sustitución del derecho de propiedad privada por un trasunto de ‘tenencia controlada o tutelada por el Estado’; de manera que, de llegar a aprobarse el Proyecto, el gobernante o gobernanta de turno decidirá qué podemos hacer con nuestro hogar según le convenga en cada ocasión.

Si, por ejemplo, queremos dejar en herencia nuestra vivienda habitual a nuestros hijos y estos ya tienen su casa, probablemente el Gobierno nos diga que eso no es correcto, que van a tener demasiadas, y que él decidirá a quién va.

O si queremos dedicar parte de la misma a una consulta médica o psicológica, posiblemente la Administración nos enviará un ‘saluda’ diciendo que esa no es la función natural de una vivienda y que tampoco lo podemos hacer. O si la alquilamos a cierto precio o a cierta persona, que eso tampoco es correcto, que debería ser menos y a otros tipos de persona porque igual no le cuadra el género, el número, el caso, la altura, etc.

O si resulta que, como ya saben cuántos metros cuadrados tiene nuestra vivienda, y que posiblemente tenga alguna habitación vacía, que eso no puede ser, que debemos abrirla a otras personas, las que ellos digan, que puedan ocuparlas (ahora ya con todas las de la ley, claro; esto es, con ‘c’, no con ‘k’, como hasta ahora). O si tenemos una segunda residencia para pasar el verano o los fines de semana, que tampoco puede ser, que resulta que la usamos poco, y que el tiempo que esté libre, el Estado tendrá a bien decidir quién va allí durante nuestras ausencias; que esa es su función social.

Es decir, quieren convertir a nuestras casas en una especie de agua, mina o suelo, una tenencia controlada, tutelada y limitada a capricho (perdón, sólido criterio, quiero decir) de los políticos de turno que nos manden cada vez. Ya lo decía Chesterton hace una centuria: «Darle un voto no es darle un poder real, pero sí dejándole tener una familia y casa propia». Cabe recordar que la primera democracia del mundo, la ateniense, fue una democracia de propietarios.

Y pretenden perpetrar esa Ley ignorando tantas y tantas cosas. Como que la propiedad privada está tutelada no solo por la Constitución, sino que es un derecho humano, igual que el de la vivienda, protegida por el art. 1 Prot. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Que la propiedad privada es muy anterior a cualquier estado, es inherente al ser humano (Santo Tomás), incluso pensando como San Agustín, quien afirmaba que en el Paraíso no hacía falta propiedad privada porque no había pecado original (no como aquí).

Que la propiedad privada de la vivienda, en su vertiente más moral, ofrece una serie de valores reconocidos por la doctrina como son estabilidad, autonomía, confianza, tranquilidad, privacidad, autoestima, seguridad ontológica y orgullo; y que todo ello es debido a que sobre ella proyectamos nuestro ser y personalidad. Llevamos años explicando tenencias intermedias alternativas que posibilitan distribuir la propiedad entre mucha gente sin que se sobreendeuden, como la propiedad compartida y temporal.

La vivienda es el lugar donde desarrollamos muchos derechos fundamentales, como la libertad, la intimidad o el libre desarrollo de la personalidad, que ahora nos quieren controlar y amputar si nadie lo remedia. Y, en su vertiente más económica, la propiedad de nuestra vivienda es nuestro refugio en períodos de carencias, especialmente en un contexto de Estado Social cada vez más débil, con un panorama a medio plazo para las pensiones de jubilación insostenible (sin niños ni hay futuro) y cuestionado, el cual sigue aumentando sin límites todo tipo de subsidios, inflacionándolo todo, para crear masas de gente dependiente de ellos en lugar de favorecer oportunidades para que las personas labren su propio futuro y tengan libertad para decidir.

Son quince años de política errática de vivienda, en la que nuestros gobernantes nos han querido convencer (excepto para ellos mismos) de que:

1. alquilar es lo mejor (causando con ello la burbuja del alquiler de 2016, que persiste).

2. visto esto, luego nos quisieron convencer de que compartir piso con otros dieciocho es lo más ‘fashion’, colaborativo y sostenible (a pesar de poder ser de 24m² en Cataluña desde la pandemia). 3. cuando han visto que tampoco esa es una forma de tenencia aceptada ni generalizable pasaron a imponer recargos tributarios, sancionar y a expropiar a expuertas, resultando que tampoco les servía para mucho.

4. que pasaron a amparar (y con ello, promover) una forma de sinhogarismo, como es la okupación de viviendas ajenas, que lleva a aumentar la irritación social.

5. que, a pesar de toda la doctrina internacional, quisieron controlar duramente la renta en Cataluña en 2020, declarándosele inconstitucional, evidenciándose luego el desastre que supuso ese año que estuvo en vigor para el mercado de alquiler

6. y, tras intervenir aún más si cabe los contratos de alquiler en diciembre de 2022, finalmente, en la última vuelta de tuerca, nos quieren quitar a todos nuestras casas.

¿Se lo permitiremos? En cualquier caso, tendremos lo que nos merezcamos.