Reus

Deshaucios 

Una vecina de Reus víctima de violencia machista afronta un desahucio: «No soy una okupa, sufro un castigo»

La afectada -Jennifer asegura que no se le reconoce como víctima en el informe de vulnerabilidad municipal. El Ajuntament de Reus defiende que fue acompañada hasta la finalización de la orden de protección y que continúa siendo atendida por los Serveis Socials Bàsics

Jennifer asegura que ha intentado regularizar su situación en distintas ocasiones, sin éxito.Alba Mariné

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El Sindicat d’Habitatge de Reus ha denunciado este viernes la orden de lanzamiento prevista contra Jennifer, vecina de Reus, del piso de titularidad municipal en el que vive desde hace nueve años, situado en el paseo de Mata, -antigua Casa dels Mestres-. El colectivo señala que el Ajuntament de Reus no ha querido negociar ni un contrato de alquiler social ni una alternativa habitacional para la reusense, que vive sola con sus dos perros. El desahucio está fijado para el próximo miércoles 28 de enero y, según ha explicado la propia Jennifer, se trata de la segunda orden de desalojo que recibe. Pese a disponer de un informe de vulnerabilidad y haber sido víctima de violencia machista, el Sindicat d’Habitatge ha asegurado que no han logrado posponer la fecha del lanzamiento.

Jennifer entró a vivir en el piso en el año 2016 junto a su expareja, que ya residía allí -había sido propiedad de sus abuelos-. Según relata, desconocía la situación contractual de esta persona con la vivienda, integrada en el parque público de vivienda de la ciudad, aunque afirma que abonaba 50 euros mensuales. Ella nunca ha llegado a figurar como adjudicataria del inmueble.

En el año 2021, Jennifer sufrió una agresión machista grave por parte de su expareja. Denunció los hechos y el juzgado dictó una orden de protección que conllevó que ella se quedara sola en la vivienda. Posteriormente, según ha explicado, el agresor rompió la orden de alejamiento, accedió al piso rompiendo una ventana y volvió a agredirla. Jennifer tuvo que volver a ser hospitalizada a raíz de los hechos.

Yo no ocupé nada, siempre entré con las llaves; el único error que cometí fue emparejarme con la persona equivocada 

Durante los últimos cinco años, la reusense -actualmente en el paro- ha asegurado que ha intentado regularizar su situación mediante un contrato de alquiler social. «Yo no ocupé nada, siempre entré con las llaves. Me quedé por las circunstancias. Lo que he vivido hasta ahora ha sido un castigo; el único error que cometí fue emparejarme con la persona equivocada», ha afirmado, visiblemente afectada. También ha remarcado que no dispone de ninguna alternativa habitacional. «No me fío de compartir piso, sobre todo con hombres. Mi única familia son mis dos perras», ha añadido.

El informe de vulnerabilidad, en el centro del conflicto

El Sindicat d’Habitatge se reunió con el consistorio ayer, jueves 22 de enero. «En la reunión nos dijeron que no constaba que ella quisiera negociar una alternativa, cosa que es mentira. El 9 de diciembre ya se planteó, se ha dicho en comunicados públicos y se ha repetido en todas las reuniones mantenidas», ha defendido el portavoz del colectivo, Guillem Jové.

Uno de los puntos que el Sindicat considera más graves es que el informe municipal de vulnerabilidad no recoge la condición de víctima de violencia machista. Según han explicado, la casilla correspondiente no está marcada pese a la existencia de una resolución judicial y de una orden de alejamiento, posteriormente quebrantada por el agresor.

La posición del Ajuntament de Reus

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que la intervención con la vecina se inició en el año 2021, cuando se activó el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia machista, con el apoyo coordinado de la Oficina d’Atenció a la Víctima y la Guàrdia Urbana hasta la finalización de la orden de protección. El Ajuntament de Reus ha afirmado que, desde entonces, se ha continuado el acompañamiento desde los Serveis Socials Bàsics, con la activación de los recursos disponibles y la coordinación con otros servicios.

En cuanto a la vivienda, estas mismas fuentes han indicado que «la mujer nunca ha tenido contrato de alquiler y se encuentra en situación irregular en un piso de propiedad municipal», por el que —han asegurado— no ha abonado ningún importe. El Ayuntamiento ha añadido que «los equipos de Habitatge y de Drets Socials están trabajando conjuntamente el caso».

Confiamos en que Jennifer pueda conseguir una alternativa habitacional estable

En este contexto, el Sindicat d’Habitatge confía en que Jennifer pueda recibir una «alternativa habitacional estable», una predisposición que, según el colectivo, el consistorio expresó durante la última reunión mantenida. «La solución más integral y sensata sería una solución estable dentro del parque público, en este piso o en otra vivienda pública, como forma de reparación de este abandono institucional y para garantizar estabilidad», ha sostenido Jové.

¿Por qué no puede formalizar el contrato?

Respecto a la posibilidad de establecer un contrato de alquiler social en el mismo piso, el portavoz del Sindicat ha apuntado que el Ayuntamiento no quiere crear un precedente «adjudicando una vivienda a una persona que no ha pasado por el circuito habitual». Con todo, ha advertido que, si no se alcanza ninguna solución antes de la fecha fijada, «Jennifer no estará sola y no aceptaremos que se la desahucie sin ninguna alternativa», y ha convocado a colectivos y ciudadanía a acompañarla el día del desahucio.

El Sindicat d’Habitatge también ha explicado que 24 entidades de Reus han firmado un manifiesto de rechazo al desahucio y que varias vecinas de la Casa dels Mestres han suscrito una carta de apoyo a Jennifer, reclamando un alquiler social para ella.

El testimonio de Jennifer 

Jennifer ha asegurado que desconocía si su expareja había subrogado el contrato de los abuelos antes de fallecer -cuando ella fue a vivir al piso ya habían muerto-. Ha explicado que empezó a sospechar de las irregularidades cuando su expareja inició las obras en la vivienda y recibió una notificación del Ajuntament de Reus en la que se le comunicaba que no tenía derecho a residir en ella. También ha afirmado haberse interesado por la lista de espera de vivienda con protección pública sin obtener respuesta y ha denunciado haber vivido situaciones de presión por parte de Serveis Socials, que --según ha relatado- le expusieron las consecuencias de un eventual desahucio sin ofrecerle ninguna alternativa.