Los juzgados aplazan siete de cada diez desahucios con informe de vulnerabilidad social en Reus

194 familias con riesgo de pérdida de vivienda de Reus han recibido el acompañamiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de este 2025. De ellas, 45 han encontrado una solución residencial alternativa y, en 16 casos, se ha acabado ejecutando el desahucio. Es decir, solo el 8% de estas personas con un certificado de vulnerabilidad han sido desalojadas. Aun así, el grueso del problema no se ha resuelto, sino que se ha pospuesto: en 133 de estas 194 unidades familiares -siete de cada diez- el juzgado ha concedido una prórroga del lanzamiento. Son datos que la concejala de Vivienda y Derechos Sociales, Anabel Martínez, expuso durante el balance anual del Servicio Municipal de Vivienda, en un contexto marcado por una ola de desahucios durante el último mes.

Por tanto, ¿cuál es la magnitud real de estas cifras? El consistorio reivindica su papel como ente de acompañamiento y mediación, ya que no tiene competencias para ejecutar o frenar un desahucio. En otra línea, desde la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV advierten de los efectos contraproducentes de algunas políticas de vivienda junto a la necesidad de volver a hacer atractivo el alquiler residencial para evitar este cuello de botella. Por su parte, el Sindicat d'Habitatge de Reus sostiene que estas cifras municipales no reflejan la situación real del problema y que solo podrían ponderarse teniendo en cuenta el conjunto de las ejecuciones que tramitan y ordenan los juzgados de primera instancia.

Los criterios del realojo

En este sentido, el primer matiz que conviene tener en cuenta es que estas 194 familias no representan todos los desahucios ejecutados en Reus, sino únicamente aquellos casos en los que intervienen los Servicios Sociales. «Hay desahucios en los que podemos realizar un realojo y otros en los que, lamentablemente, no», admite Anabel Martínez. El criterio básico para que una persona pueda acceder a una vivienda alternativa, subraya, es disponer de ingresos y documentación en regla para poder asumir el alquiler del nuevo inmueble: «No es una cuestión arbitraria, son criterios establecidos».

Las denominadas “soluciones residenciales alternativas” que ofrece el consistorio suelen consistir en habitaciones o viviendas compartidas. «Hay personas a las que no les convence, y es legítimo», reconoce Martínez. «Pero la administración llega hasta donde llega», añade, remarcando que en el último año se ha pasado «de 0 a 200 viviendas públicas». La concejala insiste también en que los informes municipales de vulnerabilidad no son vinculantes. Con todo, admite que el parque público es insuficiente y hace un llamamiento a los propietarios con pisos vacíos para que los incorporen a la bolsa de alquiler.

El cuello de botella del alquiler

Este es el quid de la cuestión. «Si hay tantas prórrogas de desahucio es, en buena parte, por el efecto del Real Decreto-ley 11/2020, que facilita suspender los lanzamientos cuando se acredita la vulnerabilidad de los inquilinos», explica Héctor Simón, director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV. Esta normativa, aprobada en plena pandemia y prorrogada durante los últimos cinco años, se aplica sobre todo a los impagos de alquiler, lo que confirma, según Simón, que «el grueso del problema se concentra en el mercado arrendatario».

A su juicio, el mercado del alquiler se está precarizando como resultado de una combinación de factores: el aumento de la demanda, la reducción progresiva de la oferta y determinadas políticas que generan incertidumbre entre los propietarios. «Desde 2020, la contención de rentas ha hecho reducir cerca de un 40% la oferta de alquiler en Catalunya», señala Simón. Ante esta inseguridad jurídica, «los propietarios buscan inquilinos solventes y las familias más vulnerables se ven abocadas a situaciones de infravivienda y alquiler de habitaciones, a menudo en condiciones de sobreocupación».

El Doctor en Derecho apuesta por reforzar el parque público de alquiler como condición imprescindible para dar respuesta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Según plantea, la salida pasa por restablecer el equilibrio: «Garantizar derechos y seguridad a los inquilinos, pero también seguridad jurídica a los propietarios para que el alquiler residencial vuelva a ser atractivo. Cuanto más se reduzca la oferta, más se precarizará el sistema y más familias acabarán viviendo en habitaciones».

“Desahucios invisibles”

De las 194 familias con una orden de lanzamiento, 45 han encontrado una alternativa residencial. Pero, según el portavoz del Sindicat d'Habitatge, Guillem, buena parte de estas salidas son, en realidad, «desahucios invisibles». Según argumenta, no todas estas situaciones han sido resueltas por la administración. «También incluyen a personas que han tenido que buscarse la vida por sus propios medios: gente que se ha visto abocada a vivir en el sofá de un amigo o de un familiar por miedo a represalias, para evitar el maltrato de una ejecución judicial o por la imposibilidad de negociar un contrato de alquiler. Eso no es ninguna solución ni ningún éxito».

El consistorio recuerda que las órdenes de lanzamiento dependen de los juzgados

En cuanto a los 16 desahucios ejecutados, Guillem considera que «son solo una muestra ínfima que no representa la magnitud del problema», ya que estas cifras excluyen los desahucios que no pasan por los Servicios Sociales. Y cuestiona que el Ayuntamiento se refiera a estos desalojos como “excepciones”: «Nosotros les ponemos nombre y apellidos para dignificar a las personas afectadas, pero también porque evidencian una problemática estructural a la que hay que dar una respuesta de fondo. La crisis de la vivienda no se entenderá hasta que se ponga el foco en los grandes tenedores y en los actores que hacen negocio con la vivienda».

El Sindicat pone el acento especialmente en las 133 órdenes de lanzamiento que actualmente están prorrogadas. «Si no se vuelve a ampliar la moratoria vigente desde 2020, estos 133 aplazamientos pueden convertirse en 133 desahucios en los próximos meses», advierte Guillem. Según sostiene, los sucesivos gobiernos han optado por encadenar prórrogas de la suspensión de los lanzamientos sin aprovechar ese tiempo para «reestructurar deudas, renegociar contratos o regularizar situaciones». De acuerdo al relato del Sindicat, este último año han aumentado los desahucios «en viviendas en las que familias llevaban años residiendo en pisos vacíos de bancos o fondos buitre».